Algunos pensarán qué lo mismo da que pague un ministerio u otro, el caso es que cada principio de mes la pensión de jubilación esté en la cuenta corriente. Sin embargo, el hecho de que los 636.700 funcionarios jubilados beneficiarios del Régimen de Clases Pasivas del Estado (6.582 de ellos localizados en Burgos) dejen de cobrar del Ministerio de Hacienda y Función Pública y lo hagan a partir de ahora del de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como lo hacen los 8 millones de pensionistas restantes en España (90.337 burgaleses,) marca un cambio importante en el sistema público de protección social y el principio del fin de una época.
Aunque no lo noten los afectados, el cambio de ministerio pagador abre un periodo transitorio (sin fechas en el calendario) para unificar de una vez por todas la gestión de las pensiones en España y, sobre todo, los criterios de cotización y asistencia sanitaria que se aplican a los trabajadores en su jubilación, sin los agravios comparativos que imperan en la actualidad.
El paso de competencias del Régimen de Clases Pasivas del Estado al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que se hizo efectivo el pasado 6 de octubre, supone la progresiva desaparición de este antiguo sistema de jubilación, del que aún podrán disfrutar en próximos años alrededor de 350.000 funcionarios del Estado aún en activo.
Ello no implica que dejen de cobrar una nómina mensual de pensiones, que en septiembre alcanzó los 12 millones de euros en Burgos, ni -por ahora- la pérdida de derechos tan jugosos como la posibilidad de jubilarse a los 60 años sin penalización alguna (como las que se aplican al resto de empleados públicos) si se justifican 30 de servicio a la Administración, o la posibilidad de elegir aseguradora para su asistencia sanitaria, o un permiso de paternidad diferente, entre otros.
En ello insiste el que fuera secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, bajo cuya gestión se diseñó en 2010 este cambio, que detalla el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 7 de octubre. "El Régimen de Clases Pasivas del Estado es un régimen en extinción, no tiene ningún ingreso nuevo y los funcionarios que van quedando son aquellos que ya estaban dentro del mismo", puntualiza el político socialista.
Mutualidades. La historia de las clases pasivas es muy anterior a la Ley General de la Seguridad Social, aprobada en 1963, y sus orígenes se remontan a la estructura de protección social basada en las mutualidades, dentro de las cuales destacaban por su potencial las de los funcionarios. Estás se basaban en un principio: el Estado no cotiza por el trabajador como en el régimen de Seguridad Social, pero a cambio éste cotiza una parte de sus haberes a cambio de una pensión calculada con reglas propias de cada mutualidad.
Con la implantación de la Seguridad Social, los funcionarios de Sanidad y Trabajo se pasaron al nuevo régimen y a ellos les siguieron los de los ayuntamientos y los de las comunidades autónomas. Hoy quedan en clases pasivas del Estado los administrativos de todos los niveles (licenciados, titulados medios y todos los enseñantes con la excepción de los profesores de la Formación Profesional).
El camino seguido por las clases pasivas del Estado hacia su extinción es el mismo que seguirán las mutualidades de las Fuerzas Armadas y la Judicatura, donde ahora conviven funcionarios de la Seguridad Social y de clases pasivas.
Alcance. Dentro de las pensiones englobadas en las clases pasivas que a partir de ahora abonará el INSS también están las extraordinarias concedidas por el Consejo de Ministros, como las causadas por actos de terrorismo, las de los mutilados de guerra (incluida la Guerra Civil) o las de las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
Asimismo, se incluyen los anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos o las ayudas mensuales a los afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
El responsable del INSS en Burgos, Luciano Galindo, no tiene aún datos de todos los beneficiarios de estas pensiones extraordinarias, que supusieron más de 8.000 millones de euros en el primer semestre a nivel nacional. De hecho, matiza, las nuevas competencias no han llegado a su despacho de la sede de la calle Vitoria sino que se han quedado en Madrid, en la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, y es previsible que en los próximos meses se repartan a nivel provincial.
A la espera de conocer datos más concretos, es curioso saber que en el primer semestre, en España se abonaron 6,4 millones de euros a mutilados de guerra; 11,7 millones a familiares de fallecidos en guerra, 2,8 millones a afectados por el VIH o incluso 950.000 euros a militares no profesionales de la República. El capítulo de cruces y medallas asciende a 455.000 euros.