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Caduca una multa de 600 euros a un grafitero

H.J
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El servicio municipal de Medio Ambiente se la dejó vencer por 10 días y permitió librarse al autor

La pintada fue realizada en diciembre de 2020 en este edificio de Capiscol. El caso no se ha resuelto hasta el 31 agosto. - Foto: Patricia González

No es la primera ni la última sanción que al Ayuntamiento de Burgos se le caduca, pero el caso de un grafitero de Capiscol resulta ejemplificador de cómo la maquinaria de la administración comete fallos incomprensibles que cuestan dinero a las arcas públicas. Es decir, al bolsillo de todos los ciudadanos. Y en este caso, además, queda sin castigo una conducta incívica.

El servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos se ha dejado vencer, por solo 10 días, una multa de 600 euros que la propia Concejalía pretendía imponer al autor de unos grafitis en el número 3 de la calle Antonio García Martín, justo al lado de la nueva pasarela de Capiscol sobre el río Arlanzón.

El caso figura detallado en uno de los decretos de los que se ha dado cuenta recientemente por el Pleno municipal. En ese documento, al que ha tenido acceso este periódico, se relata cómo el día 11 de diciembre, a las 20,40 horas, un individuo fue sorprendido por la Policía Local mientras pintaba en el citado edificio de viviendas.

Más de dos meses después, el 16 de febrero, el concejal de Medio Ambiente acuerda el inicio del expediente sancionador y da al interesado 10 días hábiles para que pudiera presentar alegaciones. Se le notifica el día 18 y efectivamente, el 26 de ese mismo mes, se presentan las alegaciones. Sin embargo, y por motivos que no quedan reflejados en el decreto, el instructor del expediente no las informa hasta el 26 de agosto de 2021.

De acuerdo con la resolución de inicio, los hechos eran sancionables con un importe de 600 euros, aunque el grafitero podría haber obtenido una rebaja del 20% en caso de admitir el pago voluntario y renunciar a cualquier recurso en vía administrativa.

Sin embargo, no ha sido ni siquiera necesario el acuerdo porque, según la normativa autonómica, el plazo para dictar y notificar la resolución es de seis meses «contados desde la fecha de la resolución que acuerda el inicio del expediente, transcurridos los cuales se producirá la caducidad del mismo».

Si el instructor hubiera abordado el caso unos días antes podría haber hecho algo al respecto. Pero el 26 de agosto no hizo otra cosa que confirmar su vencimiento. Y el acto de vandalismo se ha ido completamente de rositas.