La cifra de litigios civiles y penales que recibe el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca se ha reducido a más de la mitad en los últimos diez años, según  los datos disponibles en la web oficial del Consejo General del Poder Judicial. En 2009 se contabilizaron 2.254 asuntos, mientras que en 2018 la cantidad descendió a 1.061. Fuentes del propio órgano atribuyen la caída a varios factores. Los pleitos relacionados con seguros ahora se judicializan menos por las tasas y han desaparecido los derivados de accidentes de tráfico con animales de caza, en los que antes se demandaba al coto.

El abogado José María Barcina achaca el descenso de asuntos civiles y judiciales en la Bureba a la «crisis económica fundamentalmente porque la población no ha variado sustancialmente. La gente tiene menos dinero y va menos al juzgado a litigar, no porque hayan desaparecido los problemas y conflictos, que siempre los hay», y añade que «cada vez son más los asuntos civiles y penales que llegan asignados con la justicia gratuita», afirma el abogado. Durante el pasado año, en estas dependencias judiciales entraron 353 asuntos civiles y se resolvieron 398, quedando 215 en trámite al final del periodo. Del mismo modo, 647 litigios penales ingresaron y 663 fueron solventados, con 98 pendientes.

CAMBIOS. Ayer entró en vigor la orden ministerial por la que se implanta el modelo de Oficina Judicial en Briviesca, Lerma y Salas de los Infantes. El nuevo diseño persigue el propósito de garantizar con su funcionamiento la independencia del poder judicial al que sirve, la racionalización del trabajo y un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y medios materiales. El artículo 435 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la Oficina Judicial funcionará con criterios de agilidad, eficiencia y eficacia para que los ciudadanos obtengan un servicio próximo y de calidad. 

En Briviesca, Lerma y Salas de los Infantes, las unidades procesales de apoyo directo iniciaron su actividad ayer pero según María Teresa de Benito, secretaria coordinadora provincial del Ministerio de Justicia, «el impacto de la puesta en marcha de la oficina judicial es mínimo, porque no va a tener incidencia en relación con los aspectos organizativos, ni funcionales de los órganos judiciales», explica.

El único cambio que se aprecia es que a partir de ayer, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción pasa a denominarse Unidad Procesal de Apoyo Directo (UPAD) del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. «Esta reorganización se ha implantado en los partidos judiciales donde solo hay un juzgado, y por lo tanto, las competencias las asume la unidad procesal de apoyo directo y no se crean servicios comunes», detalla. 

El impacto por este motivo es mínimo y tanto el número de funcionarios como las labores a desempeñar serán las mismas», apunta De Benito. En definitiva, se trata de un acoplamiento de los funcionarios, que seguirán todos en su puesto de trabajo actual. «Esto no supondrá ninguna modificación en la organización de las tareas a llevar a cabo, no hay modificación desde el punto de vista organizativo ni en las herramientas informáticas utilizadas», añade la secretaria coordinadora provincial para concluir.