La tasa de agua y alcantarillado de la ciudad de Briviesca sube por segundo año consecutivo. En esta ocasión, el porcentaje asciende un 10,5% mientras que el pasado año tan solo se incrementó un 2,8%. Dicha modificación de la tarifa se debe a que el contrato que el Ayuntamiento firmó en su día con la empresa Aquona obliga a aplicar el Índice de Precios al Consumo (IPC), y como ha aumentado, afecta directamente al recibo. Por contra, la promesa del alcalde, Álvaro Morales, de licitar unos nuevos pliegos, sigue sin hacerse efectiva.
El incremento del IPC ha provocado que el cambio de la ordenanza fiscal del impuesto se presentara por el equipo bipartito, integrado por el PSOE y Asamblea Briviesca, en el último pleno del año. Los representantes del Partido Popular se abstuvieron pese a reconocer que «las tasas suben y en esta ocasión no se puede hacer nada para evitarlo porque es de obligado cumplimiento» manifestó su portavoz, Arturo Pascual, mientras que los dos de Ciudadanos votaron en contra.
En anteriores subidas del precio, ambas agrupaciones consideraron que se podía «exentar a los vecinos del pago de la cantidad incrementada», y de nuevo, la alternativa volvió a relucir. Una idea que a Morales no le convence, puesto que «el agua se paga por el consumo y lo justo es que cada uno pague su parte». A su vez, el concejal de Hacienda, Marcos Peña, esclarece que el empresario «no va a renunciar a la subida porque lo tiene acordado en el contrato. Ha habido años que el IPC estaba a cero o incluso en porcentaje negativo y no aumentó. Sin embargo, ahora no ha sido así. Soy consciente de que es injusto que suba este valor y que no lo hagan los sueldos en concordancia». Asimismo, recuerda que existe la posibilidad de «plantearnos ese pago pero el 10,5% de todo el agua del municipio es mucho dinero y entre todos pagaríamos a los que más consumen, que son las grandes empresas instaladas en la ciudad».
Por otro lado, han pasado casi doce meses desde que el Consistorio, por tercer año consecutivo, prorrogara un contrato que caducó el 31 de diciembre de 2019, y que según la información que aporta el primer edil a este medio, «la empresa que contratamos para redactar los nuevos pliegos de condiciones todavía trabaja en ello». Hasta la fecha desconoce el momento en el que saldrán a licitación para que las compañías interesadas en la gestión del servicio presenten sus ofertas, pero confía en que el cometido del equipo que prepara la documentación «termine cuanto antes, y una vez que quedé firmado, ya se verá como se desarrolla todo. Por ahora cumplimos con lo pactado», añade.
Gestión. El actual convenio no solo abarca el informe de viabilidad o el asesoramiento en la redacción del régimen económico-financiero, sino que también incluye las ordenanzas fiscales y reguladoras relacionadas con la gestión del agua, con el fin de ser un instrumento eficiente que cubra las demandas de los ciudadanos y cumpla la normativa vigente. Respecto a si la prórroga del contrato se tratará o no en el próximo pleno de enero, Peña sostiene que «mientras nadie diga los contrario, los contratos hay que mantenerlos. Si desde el Ayuntamiento no se ha expresado la disconformidad se da por hecho que existe un acuerdo tácito y que se quiere seguir con él hasta que dispongamos de otro».
En la actualidad, Aquona continúa sus trabajos para solventar los problemas que surgieron en la red de agua procedente del manantial de Santa Olalla, que continúa cortada hasta su reparación.