Dice que siempre fue «muy utópica», desde que era una niña. Ana  Fernández (Burgos, 1982) se educó con las Teresianas en  el colegio Santa María la Nueva y fue junto a estas religiosas y su forma «moderna» de entender la educación como se forjó, en parte, su forma de entender el mundo. «Creo que hay que luchar por hacer un mundo mejor, la vida tiene que tener un sentido y pienso que lo poco o mucho que podamos hacer tiene que ir en dirección a que las personas que nos rodean sean más felices», afirma esta profesional, que es educadora social por la UBU, psicopedagoga por la Universidad del País Vasco y trabajadora social por la UNED y que desde 2020 está al frente del Colegio Oficial de Trabajo Social de Burgos que incluye a 350 profesionales, que suponen entre el 65 y el 70% del total.

Fernández conoce bien la profesión, que ha ejercido en distintos ámbitos como el Foro Solidario de Caja de Burgos, la asociación Alcer o la Administración, donde trabaja actualmente, en concreto en la sección de Mayores de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta. 

Las trabajadoras sociales son un magnífico termómetro del estado en el que está una sociedad porque la realidad se les acerca a sus despachos en todos los ámbitos: servicios sociales básicos, sanidad, mayores, infancia... ¿Qué diagnóstico hace de cómo llega el país y esta provincia al final de 2022?
Estamos en un momento social y económico complicado. Venimos arrastrando la crisis que se inició en 2008 y que se agravó en 2020 con la pandemia y esto ha hecho que cada vez haya más diferencia entre los ricos y las personas que están en exclusión social o que no pueden cubrir sus necesidades más básicas.

Los discursos políticos que llegan desde las administraciones, tanto central como autonómica y local, son los de la toma de medidas para paliar estas diferencias y ahí están la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), de la Junta de Castilla y León, y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), del Gobierno central. ¿Cree que cumplen el objetivo de acortar esa brecha entre ricos y pobres?
Son ayudas de emergencia que no llegan a la parte estructural de los problemas sociales frente a los que hay trabajar, sobre todo, en la prevención. Dar una ayuda, una prestación, a veces no es la solución para una persona sino trabajar la parte educativa y estructural que están en el fondo de los problemas de exclusión. Hay personas a las que les puede venir bien, aquellas que lo necesitan en un momento puntual por encontrarse en una situación temporal de problemas o en un bache, pero hay otras que están fuera del sistema y que es difícil que se integren en él y esto es algo que suele venir de varias generaciones anteriores. En los servicios sociales vemos muchas veces que los hijos de las familias que pedían ayudas las siguen pidiendo cuando crecen.

¿La pobreza se hereda?
Personalmente, creo que sí, y que si no se trabajan a nivel individual, familiar y comunitario contra las causas de la misma, que suelen estar enquistadas, no se consigue mucho. Y eso lo tiene que hacer un trabajador social.

¿Y este trabajo se hace o con paliar la urgencia las administraciones se contentan?
Estamos en un momento en el que faltan recursos y no llegamos a la parte comunitaria y a la social, no tenemos tiempo para analizar de dónde vienen todos los casos y llegar a la causa sino que estamos dando ayudas de urgencia, paliando el síntoma pero no llegando al origen del problema.

¿Es un fracaso que los hijos de las familias que han solicitado ayudas para vivir hagan lo mismo cuando son adultos?
Pues no es una alegría. Te preguntas, quizás, qué parte de responsabilidad tienes, aunque no es nuestra como profesionales sino de la sociedad, en la que faltan recursos y trabajo social de prevención. 

La sociedad es cada vez más individualista y existen menos apoyos como el colchón familiar que ayudó en la crisis del 2008. Y esto hace crecer el gasto público»

En los últimos meses he podido escuchar a trabajadores sociales con años de experiencia decir que es un error que el Ingreso Mínimo Vital no vaya acompañado de algún tipo de responsabilidad por parte de quien lo recibe y que eso facilita que se cronifique la dependencia del sistema público de algunos grupos sociales. ¿Cree que  puede ocurrir?
La RGC siempre iba asociada a un plan de atención individualizado donde se marcaban los objetivos que tenía que cumplir la persona o la familia tras un diagnóstico y un informe social y a los que se comprometía para poder salir de la situación por la que cobraba la prestación. El IMV no recoge este compromiso y puede ser que haya gente que se quede en la misma situación en la que está porque se conformen y no busque un trabajo o más educación u otros recursos.

¿Es un riesgo que pueda haber gente que se conforme?
El problema mayor que vemos es que en el sistema de la Seguridad Social, que es quien se encarga del IMV, no hay trabajadores sociales que puedan ocuparse de hacer un trabajo educativo con las personas que cobran este ingreso. Este diagnóstico y este acompañamiento social se necesita. El problema no es de la prestación, que está bien para quien no puede cubrir sus necesidades básicas, porque no podemos permitir tener a niños que estén pasando frío y hambre, sino que no está acompañada de un buen diagnóstico social y de un plan de intervención. Por eso pedimos que en la Seguridad Social haya trabajadores sociales porque no puede recaer esta labor en los servicios sociales de base porque si no el sistema se colapsa y, de hecho, si tienen que aportar algún informe quienes lo tienen que hacer son las trabajadoras sociales de base, que ya tienen una carga tremenda.

Tal es así que a lo largo de este año hemos visto protestas de los trabajadores sociales del Ayuntamiento.
Y desde el Colegio les hemos apoyado como lo hacemos con todos los compañeros que necesiten nuestro soporte. Para eso estamos, luchamos porque la ciudadanía tenga los mejores servicios sociales y que se respeten sus derechos pero también porque los trabajadores sociales realicen su labor en las mejores condiciones. En el caso del Ayuntamiento,  ya venían acumulando mucha presión desde la crisis del 2008 y viendo, además, cómo se iba reduciendo la plantilla y aumentando las cargas de trabajo con funciones realizadas para otras administraciones como decíamos antes, algo que nunca se ha visto recompensado. Nos preocupa que no se cuide al que cuida. Somos una profesión de acompañamiento de las personas, de promover cambios, y siempre estamos al lado de los más débiles de la sociedad, que son los que acuden a los servicios sociales. Además, la mayoría somos mujeres (más del 89%, según el último informe realizado por nuestro Consejo General) y parece que por eso somos consideradas profesionales de segunda  y no se nos da la importancia que tenemos.

Ustedes fueron consideradas trabajadoras esenciales durante la pandemia, su labor se multiplicó enormemente pero nunca tuvieron el reconocimiento de otras profesiones. ¿Será porque la gente no sabe muy bien a qué se dedican o que solo recurren a ustedes cuando vienen mal dadas?
Pienso primero en nosotras mismas. Nos tenemos que hacer ver. Si no nos creemos el valor que tenemos, que es mucho, es difícil que lo podamos transmitir hacia afuera, y así es difícil que la sociedad lo reconozca. Por eso, desde aquí promovemos que todos los trabajadores sociales se colegien como acto de responsabilidad y de buena praxis profesional aunque las administraciones no lo exijan para desempeñar un trabajo dentro de ellas. Con respecto al reconocimiento durante la pandemia lo achaco a que somos una profesión relativamente nueva, al menos como la entendemos ahora, los colegios tienen apenas 40 años y, como digo, aún hay compañeros que no están integrados en ellos.

¿Han pedido a las administraciones que exijan la colegiación?
Es que es la única manera de que los profesionales aseguren que su trabajo se ajusta al código deontológico y ético del Trabajo Social. Colegiarse es el primer acto de responsabilidad profesional cuando salimos de la facultad. Yo lo hice aunque aún no estaba ejerciendo: es la forma de reforzarnos como colectivo y de defender los derechos de las personas a las que prestamos nuestros servicios.  

Aunque ahora nos come mucho tiempo, no solo somos gestoras de ayudas económicas sino garantes de que se respetan los derechos de la ciudadanía»

¿Cuál es el colectivo social que ahora más les preocupa?
Las principales necesidades tienen que ver con los cuidados, ya que el sistema familiar que los atiende necesita apoyos como la ayuda a domicilio, la teleasistencia o la valoración de la dependencia. También se ven situaciones de aislamiento, sobre todo en personas mayores, que a veces tocan el botón de la teleasistencia o van al despacho de la trabajadora social solo para hablar un rato. Y casos de desempleo y precariedad económica en trabajadores a partir de la pandemia, además de desajustes familiares por tensiones, conflictos y violencias. Nos preocupa mucho, por ejemplo, el suicidio y, de hecho, desde el Colegio hemos contactado con Apresuic (asociación de prevención y apoyo a personas y familias afectadas por el suicidio) para ofrecerles nuestra colaboración. Vivimos en una sociedad muy individualista, en la que se están perdiendo relaciones sociales y comunitarias, lo que es un problema porque cada vez hay menos apoyos como el colchón familiar que ayudó en la crisis del 2008. No tener esa red social hace que acudamos más a los servicios sociales y que, a la larga, haya más gasto público. 

¿Qué tal es la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios?
Podría mejorar. Sí que existe la Coordinación Sociosanitaria, que funciona muy bien, pero hace falta un refuerzo con sistemas informáticos comunes para poder intercambiar información rápidamente. 

¿Qué papel juegan ustedes en las entidades del tercer sector, que en Burgos dan cobertura a más de 40.000 personas?
Importantísimo. Se acoge a quienes llegan; en el caso de las asociaciones de pacientes se les explican los procesos por los que van a pasar para que puedan tomar las decisiones desde el entendimiento de su enfermedad, la creación de grupos de apoyo...

Es decir que no son solamente gestoras de ayudas económicas...
Por supuesto que no, esa es una parte que nos come ahora mucho tiempo pero ese no es nuestro papel sino el que te estoy contando: ser promotoras del cambio y de la intervención social e impulsoras de que se garanticen los derechos sociales de toda la ciudadanía.

¿Los gobiernos cuentan con su gremio a la hora de planificar y elaborar las políticas sociales?
Sí, cuentan con los colegios profesionales -por eso es tan importante que todos los compañeros se impliquen- a quienes nos envían los anteproyectos de leyes para que presentemos alegaciones. Desde aquí las estudiamos y analizamos qué aportaciones tenemos que hacer a esas políticas y en muchas ocasiones nos citan para participar en grupos de trabajo.

¿Hay mucha diferencia de los servicios sociales entre comunidades autónomas?
Sí. Es un problema del que se está hablando mucho en nuestro Consejo General y, de hecho, se está proponiendo la elaboración de una ley estatal de bases para que todas las comunidades autónomas tengan un mínimo al que llegar y que no haya tantas diferencias entre ciudadanos y entre territorios. 

¿Dónde se situaría Castilla y León en el ranking nacional? 
En la zona de arriba. Tenemos una ley de servicios sociales relativamente reciente, es del 2010, y como es posterior a la de la dependencia incorpora muchos aspectos de la misma, creo que es una ley que funciona. Y la dependencia y la RGC se gestionan muy ágilmente. Por suerte, la Junta apuesta por los servicios sociales. Es cierto que los colegios profesionales estábamos expectantes ante la entrada de Vox en el Gobierno y, de momento, hemos comprobado que no se ha mermado ningún derecho, que la llegada de este partido no ha afectado a la Consejería de Igualdad. Pero no bajamos la guardia y estamos vigilantes por si hubiera algún retroceso.