La siniestralidad y la economía ilegal se inspeccionan poco

G. Arce
-

Pese a que la Administración tiene sus plantillas casi al completo, FAE y sindicatos creen que no se ajustan a la realidad de una provincia con más de 25.800 empresas

La siniestralidad y la economía ilegal se inspeccionan poco - Foto: Alberto Rodrigo

Burgos cuenta en la actualidad con la mayor plantilla de inspectores, subinspectores de Trabajo y técnicos de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de los últimos tiempos, pero patronal y sindicatos coinciden en que, aún así, es insuficiente y poco proporcionada a una provincia con gran extensión geográfica en la que operan más de 25.800 empresas y, sobre todo, en la que, a su entender, conviven una creciente siniestralidad laboral con una economía sumergida floreciente.
La crítica de patronos y trabajadores es ya histórica y fue especialmente contundente en los años de la última crisis, aunque en estos momentos llama la atención porque tanto Inspección de Trabajo (organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social) como Oficina Territorial de Trabajo (de la Junta de Castilla y León) tienen sus plantillas cubiertas salvo por tres puestos vacantes.
La Inspección tiene activos a 8 inspectores y 11 subinspectores, faltando uno en cada caso -por jubilación y concurso de traslados- que podrían cubrirse en los concursos de plazas que se convoquen este año. Entre los primeros está la jefa de la Inspección, Betina Ruiz, y la jefa de la Unidad de Seguridad Social. 
Se trata de un organigrama de puestos que lleva activo más de cinco años y que corrige épocas pasadas de grandes carencias de personal. Burgos, por los criterios de tamaño de provincias establecidos por el Ministerio, no cuenta aún con un cuerpo de subispectores de Riesgos Laborales, algo que sí se espera que se asigne a lo largo del presente ejercicio, apunta Betina Ruiz.
La Inspección tiene competencia sancionadora en materias de prevención de riesgos laborales, empleo y relaciones laborales, economía irregular y en Seguridad Social.
Esta actividad se complementa con la que desarrolla la OTT, que tiene operativos a 6 técnicos de Salud y Prevención Laboral, encargados de visitar a las empresas y las obras y de ocuparse de informar e investigar los accidentes laborales mortales y graves. La plantilla es de 7 técnicos, pero aún hay que cubrir la reciente jubilación de uno de ellos. 
La OTTcuenta con 30 funcionarios en nómina tras la reciente incorporación de dos funcionarias interinas. Además de en temas de salud laboral y en la prevención de riesgos laborales son competentes en materias como los ERE y sus ayudas, convenios colectivos, elecciones sindicales, conciliación laboral o ayudas al empleo con discapacidad.
De acuerdo a estas plantillas y obviando las competencias propias de cada cual, hay un profesional de la Administración central y autonómica por cada millar de empresas operativas, un ratio que era imposible de alcanzar en los últimos años por falta de convocatoria de plazas, bajas, traslados y jubilaciones.
«A día de hoy, nos damos por satisfechos con lo que tenemos», reconocen los responsables de ambos organismos en los que, como en todos los estamentos económicos (también patronal y sindicatos), preocupa ahora seriamente la evolución de la crisis desatada por el coronavirus y sus consecuencias en la vida de las empresas y trabajadores de Burgos.
Tanto Ángel Citores como Pablo Dionisio Fraile, secretarios provinciales de CCOO y UGT, respectivamente, matizan que tener razonablemente cubierta la relación de puestos de trabajo (RPT) de estos organismos no significa que la provincia esté bien atendida. «Echamos en falta más inspectores en la calle porque, lamentablemente, los accidentes de trabajo han aumentado en los últimos años y debería haber más control sobre las empresas». A este respecto, el pasado año se registraron 5.791 accidentes en la provincia, 8 mortales y 45 graves.
 Solo en los sectores con mayor índice de siniestralidad, la construcción y la industria, en Burgos operan 3.591 y 1.776 empresas, respectivamente, según los últimos datos que baraja el Instituto Nacional de Estadística.
«Cada inspector tiene muchos asuntos sobre la mesa y tiene problemas de tiempo para resolverlos  y eso se nota. La RPT cubierta no significa que las necesidades de la provincia lo estén», resume Ángel Citores, quien subraya la «diligencia» de estos profesionales ante los temas urgentes.