Un total de 5.226 familias han pasado por Cáritas entre los meses de enero y agosto, una cifra que indica una modificación con respecto a la tendencia de los últimos años debido, claramente, a la pandemia de coronavirus. El número supone un 10% más que en 2019 pero, como explica María Gutiérrez, coordinadora de Acción Social de la entidad, hay programas específicos, como el de primera acogida (en el que se tiene un contacto inicial con los profesionales de la ONG y se analiza cada caso para derivarle a la solución que corresponda), que ha experimentado un crecimiento más importante, casi del 20%. De todas estas familias, el 45% son españolas y el resto, procedentes de otros países y un 20% jamás había acudido a Cáritas a pedir ayuda.
Con todas estas personas han tenido lugar 4.000 intervenciones más que en el año pasado porque en cuanto se decretó el estado de alarma el trabajo de Cáritas se disparó, a pesar, precisa Gutiérrez, de que las instituciones han tenido «rapidez y flexibilidad a la hora de conceder las ayudas más urgentes»: «Durante el tiempo de confinamiento es cierto que se flexibilizaron bastante los trámites para acceder a una ayuda de urgente necesidad, algo que ya se ha terminado porque ahora ya hay muchas demandas que están a estudio y documentación por verificar en las instituciones. Pero a pesar de esas facilidades que vimos en marzo y en abril, nosotros tuvimos que adelantar dinero a los usuarios aunque no hay ningún problema porque tenemos un convenio tanto con el Ayuntamiento como con la Diputación y luego nos lo devuelven, pero en el primer momento tuvimos que hacerlo».
Hasta un cuarto de millón de euros -concretamente 259.000 euros- ha tenido que adelantar la entidad católica a los usuarios para que todo fuera rápido y el dinero les llegara cuanto antes: «Muchos de ellos no tienen cuenta bancaria porque son inmigrantes sin papeles y no se lo permiten, así que teníamos que ir al banco, sacarlo en efectivo y entregárselo, ha sido muchísimo trabajo pero, insisto, sabemos que estamos amparados por los convenios con las administraciones».
Las 4.000 intervenciones han sido, sobre todo, esos adelantos económicos y ayuda básicas de alimentación, higiene y medicamentos, porque peticiones para alquileres y pago de suministros han tenido menos debido a las moratorias que ha establecido el Gobierno, que decretó que no se pudiera desahuciar a nadie por impago del alquiler ni cortarse los suministros por no abonar las cuotas en estos meses de alerta sanitaria: «No sabemos hasta cuándo durará pero, desde luego, nuestra gran preocupación ahora es el nivel de endeudamiento que están adquiriendo las familias. Tenemos personas que ya deben seis meses de alquiler y muchas facturas de la luz o del gas y también nos preocupa, claro, el que haya muchos caseros que no estén percibiendo su dinero».
Se desconoce, de momento, el tiempo que se alargará esta situación de moratoria de los pagos y cree Gutiérrez que quizás vaya pareja a la de la resolución de los ERTE que aún tienen muchas empresas. En este sentido, afirmó que la inquietud por estas personas que se están endeudando tiene que ver con el hecho de que muchas de ellas han perdido el empleo «y tendrán una situación muy complicada para hacer frente a esas deudas», sobre todo las que se ganaban la vida a través de la economía sumergida, de la hostelería y del servicio doméstico, estas últimas especialmente perjudicadas porque aunque se aprobó una ayuda específica se tardó muchísimo en cobrar y ya se ha terminado. «A esta gente se le indica que tiene que solicitar el ingreso mínimo vital, que, hasta donde sabemos, está llegando con cuentagotas», precisó Gutiérrez.
En este sentido, cuenta que ha sido en este mes cuando se han incrementado las solicitudes de empleo en Cáritas porque hubo mucha gente que aunque se quedó sin trabajo con el estado de alarma aprovechó para quedarse en casa al cuidado de los hijos, pero ahora, al empezar el colegio, han vuelto a ser demandantes. «Realmente, esperamos una avalancha de peticiones y por eso estamos buscando campos de formación para la mejora de la empleabilidad, como la desinfección, y haciendo acuerdos con alguna universidad para la reserva de plazas para cursos online».
Alfabetización digital. Otro de los problemas que preocupan a Cáritas es el del escaso nivel de alfabetización digital que tienen sus usuarios, «porque carecen de tiempo, de motivación por la edad o por otros problemas», un tema muy complejo, según María Gutiérrez, que necesita una respuesta coordinada «que vaya más allá de entregar una tablet a todas las familias y que se tiene que acompañar de educación y formación para que puedan hacer muchos trámites que ahora solo pueden realizarse en internet». Para intentar ayudar, Cáritas tiene ya un grupo de voluntarios que acompañan a los usuarios en las gestiones cibernéticas.
La coordinadora de Acción Social explicó, por otro lado, que el voluntariado se ha ido incorporando poco a poco a la actividad normal, ya que muchos de ellos, de edad avanzada y, por tanto, población de riesgo, tuvieron que dejar de echar una mano, muy a su pesar. La organización, además, busca nuevas personas que quieran sumarse y se está planteando la posibilidad de impulsar un programa específico para combatir la soledad de las personas mayores, que se ha hecho mucho más patente si cabe durante el tiempo del confinamiento.
«Otras Cáritas ya tienen programas así y nosotros en el mundo rural estamos haciendo algo parecido, pero la idea sería incorporar una labor específica porque sabemos bien que la pobreza y la exclusión social no solo tienen un componente económico, así que nos gustaría reforzar el acompañamiento de los mayores para combatir su soledad y ayudarles en su alfabetización digital», concluyó.