El mayor concurso de acreedores de la historia de Burgos, el de Construcciones Arranz Acinas, está a punto de llegar a su fin, pero aún el administrador de la 'quiebra' ha de salvar un último escollo, liquidar 78 lotes de bienes que no han podido ser vendidos ni se han entregado en ejecución hipotecaria a las entidades financieras acreedoras. Siete años después de iniciar el procedimiento, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Burgos ha decidido iniciar una subasta online, a través de la empresa burgalesa Trademat, para adjudicar al mejor postor locales, plazas de garajes, pisos, terrenos y trasteros por valor de cerca de 30 millones de euros.

Fue en verano de 2015 cuando un acreedor de la empresa activó el proceso en el Juzgado de lo Mercantil de Burgos, tras comprobar que la constructora era incapaz de asumir sus compromisos contractuales y los impagos se acumulaban mes a mes. El titular en ese momento del órgano judicial, José María Tapia, dictó auto de concurso necesario y en el mes de septiembre se ponía en marcha toda la maquinaria para tratar de hacer frente a todas las deudas. El conjunto de bienes y derechos de la compañía fueron valorados en casi 135 millones de euros, en concreto 134.952.718. En estos siete años el administrador concursal -Aliquo Auditores, de Burgos- ha logrado 'deshacerse' de 341 'lotes' de propiedades de Arranz Acinas, bien entregándolos en ejecución hipotecaria a los bancos acreedores -un total de 175- o bien con la venta directa a través de acuerdos particulares -166-. Pero aún quedan 78, que están valorados en 29.678.426 euros, y que son los que salen este mismo mes a subasta. Los interesados tienen hasta el 1 de julio a las 12 del mediodía para presentar ofertas.

Con el dinero obtenido de la liquidación de estos bienes y derechos hay que saldar deudas con los centenares de acreedores de la empresa, entre trabajadores, bancos, Seguridad Social y proveedores. Una vez culminado este proceso -con las quitas correspondientes, por supuesto- se dará por finalizado el concurso, aunque todavía queda un tiempo.

Precios mínimos. Entre los bienes subastados los hay que no están sujetos a un precio mínimo, de conformidad con el auto de 24 de septiembre de 2020, pero en otros casos sí hay que pujar por una cantidad mínima. El administrador concursal, eso sí, puede rechazar las ofertas si el valor no alcanza las expectativas del concurso en interés de la masa pasiva. En el caso de las propiedades con carga hipotecaria, el precio mínimo es del 50% del valor de inventario, salvo que el comprador y el acreedor -normalmente un banco- lleguen a un acuerdo. En caso de no alcanzarse ese importe y de no haber consentimiento de la entidad financiera, el bien se considerará "irrealizable".

Tanto el administrador judicial como la firma que organiza la subasta advierten a los adjudicatarios o compradores que no pueden hacer reclamaciones sobre el estado físico o jurídico de los bienes que adquieren, aunque sí se puede solicitar comprobación de la situación en que se hallan antes de realizar la oferta. Cuando la puja ya sea formalizada se entiende que el ofertante acepta el estado de la propiedad a la que aspira. Lógicamente se quedará con el bien el mejor postor, siempre y cuando su oferta sea igual o superior al precio mínimo de venta establecido.

Algunos de estos bienes se hallan ahora alquilados. En el caso de que el arrendatario no haya procecido a renunciar a su derecho de compra preferente, se le dará comunicación del resultado y se le hará saber que puede disponer de su derecho de retracto, es decir, a quedarse con el bien por el mismo precio que pagó el ofertante.