La Junta de Castilla y León estima que el sistema de financiación autonómica, vigente desde 2009, ha generado un déficit acumulado de, al menos, 7.650 millones de euros, lo que supone una pérdida de 1.500.000 euros diarios, en especial en los servicios básicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, informó de la remisión al Ministerio de María José Montero de las observaciones al 'Informe del grupo de trabajo sobre el cálculo de la población ajustada' y confió en la pronta reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para avanzar en la revisión del actual modelo.

Sobre el cálculo de la Junta, precisó que las entregas a cuenta del sistema no cubren los gastos de la prestación de educación, sanidad y servicios sociales y acumulan cada año en el presupuesto de la Comunidad un déficit de unos 500 millones de euros.

En sus alegaciones, detalló que la Junta no está de acuerdo con que se reduzca el peso vinculado al envejecimiento de la población y en que se debe ponderar en mayor cuantía las variables de superficie, densidad y dispersión de la Comunidad, como recoge el Estatuto de Autonomía. Además, reclama que Castilla y León esté en el fondo para autonomías de menos de dos millones de habitantes.

Por otro lado, el Ejecutivo de la Comunidad propone que el nuevo modelo pondere también cuestiones que afectan al territorio como los kilómetros de carreteras a mantener o el patrimonio natural y cultural. "El cálculo no debe ser solo por el padrón de habitantes", aseveró Fernández Carriedo.

Tras el envió de este documento, recordó que corresponde al Gobierno, en concreto a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, dar el impulso para avanzar en el nuevo modelo de financiación autonómica, por el que apuesta Castilla y León y todas las comunidades.

"Ojalá sea pronto", expresó Fernández Carriedo, que recordó que Castilla y León ha urgido la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para dar los pasos y confió en que sea pronto, aunque insistió en que no depende de la Junta, sino del Ejecutivo central.