El edificio que durante lustros ocupó la Subdelegación del Gobierno en el número 12 de la calle Vitoria saldrá a la venta mediante procedimiento de subasta pública por un valor de 2.490.000 euros, según información oficial acerca del resultado de la tasación encargada por el Gobierno para poder continuar con el procedimiento iniciado el pasado mes de abril, cuando se decidió incluir esta propiedad en el Plan de Ventas del Sector Público puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, aunque en un principio se anunció que se pondría a la venta antes de que acabara 2013, ahora no hay una fecha determinada. «Se procederá al anuncio de enajenación y venta cuando las circunstancias sean más favorables para los intereses económicos. No hay urgencia», afirmó al respecto el subdelegado del Gobierno en Burgos, José María Arribas, hace unos días.
El Ministerio de Hacienda decidió a comienzos de año incrementar los ingresos del Estado reduciendo su patrimonio inmueble, cada vez más abultado y en muchos casos generando costes de mantenimiento. Así, se decidió que este edificio pasase a formar parte del listado de bienes incluidos en el Plan de Ventas del Sector Público en lugar de destinarlo a otros usos barajados con anterioridad. El último, y también el que parecía más consistente, fue el de reutilizarlo como sede de la Demarcación Provincial de Carreteras para poder dejar libre el edificio de la avenida del Cid que el Ayuntamiento cede gratuitamente al Ministerio de Fomento para este cometido. Con esta idea en mente se encargó un estudio para ver cuánto habría que invertir en la remodelación y la conclusión fue que el edificio de la calle Vitoria, cerrado desde 2006, necesitaría obras por valor de cuatro millones de euros. Teniendo en cuenta el incremento del IVA, la reforma obligaría a invertir más de 5,1 millones, una cantidad que se consideró excesiva para un momento de crisis como este y, sobre todo, para las necesidades de espacio y personal que, según indicó Arribas en junio, tiene una Demarcación de Carreteras en la que trabajan setenta personas.
Por este motivo, el Gobierno decidió que la solución más ventajosa para el Estado era vender el edificio, ubicado en un punto privilegiado de la capital y con seis plantas de más de 350 metros cuadrados y un ático de dimensiones más reducidas. Entonces, el pasado junio comenzó el proceso administrativo para que el edificio dejara de formar parte del conjunto de bienes vinculados al Ministerio de Fomento y que pudiera incluirse entre aquellos dependientes de Hacienda, proceso que en la jerga administrativa se denomina «de desafección».
Al mismo tiempo, se encargó una tasación oficial para ver el importe mínimo por el que podía sacarse a la venta. El edificio tiene un valor catastral de 1.907.000 euros, pero la tasación encargada por el Gobierno ha concluido que, teniendo en cuenta las actuales condiciones del mercado inmobiliario, el valor es de 2,5 millones de euros.
Una vez dados estos pasos, el procedimiento de subasta podría comenzar ya y, de hecho, esa era la previsión que se manejaba en la Subdelegación burgalesa antes de verano, pero ahora se ha cambiado de idea. El subdelegado del Gobierno, José María Arribas, explicó al respecto que, dado que «no hay urgencia» por deshacerse del edificio, el objetivo es «buscar las circunstancias más adecuadas para los intereses económicos». Sin embargo, matizó que «hablamos de un medio plazo, porque tampoco tiene justificación que ese inmueble esté en esas circunstancias durante mucho tiempo».
Interesados
En cualquier caso, Arribas señaló que en el momento en el que el Ministerio de Hacienda decida iniciar el procedimiento de subasta pública, se anunciará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que todos aquellos interesados, puedan visitarlo y presentar sus ofertas. Antes de ese momento, destacó que no será posible conocerlo.
En este sentido, también señaló que la Subdelegación no ha recibido ninguna oferta o comunicación oficial de interés al respecto. «Puede que haya habido alguna llamada o peticiones de información, pero interés formal no. Tampoco tiene que llegar a la Subdelegación, porque las actuaciones del Ministerio de Defensa están reflejadas en el BOE», concluyó Arribas.