Si los centros de salud son la puerta de acceso al sistema sanitario para toda la población, los centros de acción social (ceas) lo son para los servicios sociales, y las trabajadoras sociales son la base que los sostienen, un colectivo que fue considerado esencial durante los meses más duros de la pandemia pero que en el Ayuntamiento de Burgos arrastran una serie de problemas desde hace muchos años que han estallado en 2022. La desatención que dicen haber sufrido durante décadas por los consecutivos equipos de Gobierno ha ido alimentando un cansancio y una frustración que se han canalizado ahora a través de concentraciones, protestas en la calle y hasta una convocatoria de huelga que  se abortó cuando el Ayuntamiento se comprometió a llevar a cabo una serie de cambios, entre los que se encuentra la cobertura ágil de las bajas. «Queremos que, en este sentido, se nos considere como a los bomberos o policías locales y que no se tarde meses en cubrir la ausencia de una compañera», explica Luis Delgado, portavoz del colectivo.

Este es uno de los problemas más peliagudos al que se llevan enfrentando mucho tiempo, desde la crisis del 2008 y sus consiguientes recortes. Lo peor sucedió en 2012 cuando en el ceas de San Agustín una plaza estuvo medio año sin cubrir, con la consiguiente acumulación de trabajo y el cansancio de las compañeras, entre las que no son infrecuentes las bajas por estrés. Ahora la situación es algo distinta, es decir, se han acortado los tiempos en los que una plaza está sin cubrir que pueden ser de un par o tres de semanas.

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