La Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) valoró ayer con satisfacción que el Ayuntamiento haya decidido retrasar en tres meses el pago de los impuestos y tasas municipales pero su secretaria general, Emiliana Molero, pidió al Ejecutivo socialista defendió que el documento que presentaron este miércoles el PSOE y Cs, y que seguramente se rematará en la mesa de diálogo social la próxima semana, tiene margen de mejora. En un momento en que las empresas y los autónomos necesitan liquidez para superar el estado de alarma reclamó que se haga todo lo que está en la mano de la Administración local para «agilizar» el pago a los proveedores y para abonar cuanto antes las indemnizaciones a las empresas que tienen adjudicados algunos servicios con el Consistorio pero cuyos contratos se han suspendido por el parón de la actividad.
Molero propuso estas medidas que no supondrán un gasto adicional para el Ayuntamiento ya que de lo que se trata es de agilizar al máximo la burocracia administrativa y reclamó también que se avance todo lo posible en los procedimientos de licitación para poder sacar a concurso las obras que estén programadas y que los trabajos de ejecución, una vez superado el periodo de alarma, se puedan iniciar cuanto antes.
En relación a los contratos que están paralizados, el trámite se inicia con la solicitud de las empresas de suspenderlos. Una vez que se aprueba por parte del Ayuntamiento, las adjudicatarias de los servicios tienen que informar los gastos que han soportado y que, según la normativa vigente, le corresponde al Consistorio asumir. Es decir, los costes del personal, los de los seguros, los de la amortización de vehículos... Una vez que se han revisado y se entiende que están justificados es cuando se procede al pago.
La preocupación de los empresarios viene dada porque, casi con toda seguridad, deberán ser ellos los que asuman primero estos costes para luego esperar a que el Ayuntamiento se los abone. Y eso implica que en muchos casos habrá compañías que deberán de recurrir a créditos para poder afrontarlos.
A diferencia de lo que ocurre en otras regiones como el País Vasco o en ayuntamientos como el de Cádiz, en Burgos no está previsto, según fuentes empresariales, abonar a las empresas el beneficio industrial. Cantidades con las que algunas firmas podrían soportar gastos de estructura que no se contabilizan en los contratos.
Entre las medidas que presentaron ayer el PSOE y Cs no se incluían actuaciones de este tipo sino un paquete de ayudas valoradas en 4 millones de euros y que servirán para subvencionar el alquiler de locales a autónomos y pequeñas empresas (un millón de euros), para inyectar liquidez a autónomos que han tenido abierto su negocio pero cuya facturación se ha desplomado (otro millón) o para el alquiler de la vivienda de familias en situación vulnerable (500.000).
A estas iniciativas se suman 300.000 euros para libros de texto y alimentos y la misma cantidad tanto para el plan de autoempleo como para colaborar en la digitalización del comercio. También se duplicará, de 600.000 a 1,2 millones, la partida de Servicios Sociales destinada a cubrir las ayudas de urgente necesidad.