La Junta de Gobierno Local ha rectificado esta mañana el acuerdo que adoptó al inicio del mandato para delegar las competencias en materia de subvenciones y contratos del Instituto Municipal de Cultura (IMC) en su presidenta, Nuria Barrio. Con esta decisión volverá a ser el consejo ejecutivo de este organismo autónomo el que tome las decisiones en esta materia.

El PP, Cs y Vox habían sido muy críticos con esta decisión de la Junta de Gobierno y de ahí, tal y como ha recordado esta mañana el portavoz de los populares, Javier Lacalle, que en el último Pleno se acordará pedir un informe a asesoría jurídica. El líder de la oposición ha afirmado que “verbalmente” ya les ha dado la razón, mientras que en el equipo de Gobierno han afirmado que la decisión la han adoptado por un criterio de “oportunidad política” y que la única constancia que tienen por parte de los técnicos municipales es la de que habían actuado correctamente. No obstante, el alcalde, Daniel De la Rosa, ha afirmado que han preferido evitar esta confrontación y ha pedido al resto de partidos “responsabilidad” para que el IMC pueda seguir funcionando con agilidad. Porque esa, según ha explicado Barrio, ha sido la única razón que motivó esa delegación de competencias.

Barrio ha recordado que siempre la delegación de estas competencias del IMC han recaído en su presidenta y ha pedido al resto de fuerzas políticas que siga siendo así. Porque en caso contrario deberá convocar continuamente reuniones de este organismo para, según ha ejemplificado, aprobar subvenciones que ya están reconocidas en el Presupuesto.

El alcalde también ha detallado que en la próxima Junta de Gobierno se aprobará el inicio del expediente para acometer una revisión del acuerdo por el que se adjudicaron las escuelas deportivas municipales sin una contratación pública. Una decisión que se adoptado después de que los partidos de la oposición hubieran anunciado su intención de llevar el asunto a los tribunales.

Lacalle ha afirmado esta mañana, antes de que se conociera esta decisión, que están estudiando si llevar el caso por la vía contenciosa, por la judicial o por las dos.

El equipo de Gobierno ha decidido también sacar a concurso la explotación de las escuelas deportivas y ha defendido que adoptó esa decisión porque de no haberlo hecho así, a día de hoy estarían cerradas.