La ficha que España ha enviado esta semana a Bruselas y ha trasladado a los agentes sociales respecto a una futura reforma de las pensiones incluye la posibilidad de elevar el periodo de cálculo de la pensión permitiendo descartar los años sin cotización por cuidado de familiares, temporalidad o despido.

Según el documento, esta medida daría una "imagen más fiel del esfuerzo contributivo de los trabajadores" y permitiría corregir situaciones injustas, ya que las personas más afectadas por los vaivenes del mercado laboral se verían doblemente perjudicadas, durante la actividad y al jubilarse.

Preguntada por si este planteamiento supone ampliar por encima de los 25 años el periodo para calcular la pensión con carácter general, la Seguridad Social responde que "no exactamente" y se limita a decir que se evalúan diferentes opciones.

Remite a las declaraciones del martes en rueda de prensa del ministro José Luis Escrivá, que dijo que hablar de ampliar el periodo de cómputo es una "aproximación errónea" y que su departamento aún está haciendo cálculos sobre diferentes supuestos de carreras laborales para desarrollar la recomendación del Pacto de Toledo, que pide paliar las inequidades que provocan las lagunas de cotización.

Insistió Escrivá en que se trata de mejorar la contributividad del sistema, parar tener en cuenta las lagunas de cotización o carreras cortas al principio o final, junto con los principios de suficiencia y de equidad.

Las recomendaciones aprobadas por el Pacto de Toledo en noviembre no se refieren expresamente a la posibilidad de elevar el periodo de cotización sobre el que se calcula la pensión, que desde 2013 -y en virtud de lo establecido en la reforma de 2011- está subiendo progresivamente de 15 a 25 años, a razón de un año por cada año.

No obstante, sí hablan de reforzar el principio de contributividad del sistema entendido como la existencia de una relación equilibrada entre el importe de la prestación reconocida y el esfuerzo de cotización previamente realizado por cada trabajador.

A falta de mayores explicaciones, lo que Escrivá ha negado es que su planteamiento pasara en algún momento por subir el periodo de cálculo de 25 a 35 años, si bien desde ayer está circulando por las redacciones de muchos medios de comunicación un borrador previo a la ficha enviada a Bruselas que sí lo contemplaba.

En ese borrador se hablaba de "ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, pasando de los 25 últimos años de referencia en 2022 hasta un máximo 35 años de manera progresiva, contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora cuando se supere este umbral junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas".

En ese mismo documento se reconocía que "el efecto medio de calcular la pensión sobre un máximo 35 años en lugar de 25 supondrá, a las pensiones comprendidas entre la mínima y la máxima, una reducción media de la pensión inicial del 6,3%, aunque su impacto no es uniforme y depende de las características concretas de cada carrera de cotización".

En cualquier caso, los cambios en el sistema de pensiones han de pasar por la mesa de diálogo social, a la que -según los sindicatos- aún no ha llegado ninguna propuesta respecto al periodo de cómputo, así como por el Congreso, donde tendrán que negociarse los apoyos necesarios.