Los profesionales de enfermería de la prisión de Burgos no dan abasto en estos días porque se ha producido un brote por covid que afecta a más de 40 internos y no hay médico que acuda a la cárcel todos los días. De hecho, ahora, en vacaciones muchas de las consultas cuando un preso presenta una dolencia se hacen por un servicio de telemedicina que conecta con un facultativo de otro centro, «pero en muchas ocasiones la línea está ocupada y es imposible llevar a cabo la comunicación», denuncian desde Acaip, el sindicato mayoritario, que añade que la situación es similar a la de otras prisiones de España. 

Las fuentes consultadas por este periódico advierten de que actualmente no hay médico de manera presencial todos los días de la semana, «cuando hay más de 400 internos en Burgos, muchos de los cuales presentan cuadros de toda índole, desde adicciones a enfermedades psiquiátricas y, para colmo, covid». Reconoce que no se trata de casos graves, pero uno sí que ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario porque sufría una insuficiencia respiratoria. 

Como no hay médico y el servicio de telemedicina tampoco funciona de forma demasiado eficaz, los profesionales de enfermería no se atreven a dar un diagnóstico aventurado, de manera están derivado a algunos internos al HUBU, para que sea un facultativo el que allí establezca qué dolencia padece y qué tratamiento le prescriben. Recuerdan, asimismo, que en las últimas semanas se han producido tres sobredosis, una de ellas terminó con el interno fallecido en el complejo sanitario burgalés.

Desde la Confederación de Sindicatos Médicos (Cesm) llevan tiempo advirtiendo de esta falta de personal sanitario en la cárcel. Un problema que se extiende a nivel nacional. La principal causa precisamente es la escasez de profesionales que eligen estos centros como destino, básicamente porque el salario es muy inferior. Se estima que un médico penitenciario cobra casi 20.000 euros netos menos al año que uno que lo hace en Atención Primaria.

Los problemas de personal en el centro penitenciario burgalés parecen no tener fin. De poco sirvió en abril que se incorporaran treinta nuevos funcionarios de prácticas, porque casi de manera simultánea otros doce partieron a otros destinos tras solicitar un traslado. La plantilla seguirá, por tanto, muy mermada pese a esta nueva hornada. Los sindicatos estiman que aún está al 60% y el principal déficit es de funcionarios de interior, donde aún hay unas 35 vacantes.

Pero es que, además, está previsto que a lo largo del presente ejercicio otra docena de personas pase a segunda actividad.