El 7 de diciembre de 2004 es una fecha grabada para siempre en la memoria de los mirandeses. Es la última vez que se vio con vida a Marisa Villaquirán antes de ser introducida a la fuerza en un coche por Rafael Gabarri mientras limpiaba un portal en la calle Francisco Cantera. Aunque durante años se la buscó con todos los medios posibles y se barajaron todas las hipótesis, fue imposible dar con su paradero. 

La investigación apuntó desde un primer momento a su exmarido porque había constancia de malos tratos previos, pero como la denuncia de la desaparición se presentó una semana más tarde de que sucedieran los hechos, el sospechoso tuvo tiempo suficiente para deshacerse del cuerpo y borrar las pistas con la complicidad de sus allegados. 

Sin cadáver, a Rafael Gabarri no se le pudo condenar por asesinato sino por detención ilegal y violencia en el ámbito familiar. Aún así las condenas fueron las más altas de las tipificadas en el Código Penal para este tipo de delitos, ya que le impusieron 14 años y 4 meses de prisión. A esa cifra había que sumar otros dos años más por delitos previos aunque una parte de los mismos ya los había cumplido antes del juicio, hasta que la familia abonó una fianza de 15.000 euros para que pudiera salir en libertad provisional. Tras unos años en la calle, Gabarri ingresó otra vez en el centro penitenciario de Burgos en agosto de 2008 para cumplir la condena por maltrato y en marzo del año siguiente recibió la sentencia definitiva por la desaparición de Marisa, fallo en el que también se impuso ocho años de reclusión a su cómplice Isaac Duval. 

A pesar de que todavía quedan cerca de dos años para que se cumplan los catorce, el exmarido de Marisa ya está en la calle. La junta de tratamiento que valora la situación de los reclusos le ha concedido el tercer grado con control telemático al haber cumplido tres cuartas partes de la pena, una medida que le permite salir del centro de Zaballa en el que estaba encerrado. Aún así no puede regresar a Miranda porque tiene que cumplir los 18 años de alejamiento de la familia de Villaquirán a los que también fue sentenciado, por lo que fuentes consultadas por este periódico han confirmado que reside en el País Vasco. 

El caso de Marisa generó una oleada de movilizaciones pero también un sentimiento de indignación entre la ciudadanía por la forma en la que Rafael Gabarri eludió durante un tiempo el peso de la Justicia. Tanto el exmarido como sus familiares ofrecieron todo tipo de relatos inverosímiles sobre lo sucedido aquella fatídica tarde, asegurando que había subido a la víctima a San Juan pero que al bajar se despidieron en el Puente de Hierro. Nunca mostró un mínimo gesto de arrepentimiento y hasta llegó a quebrantar la orden de alejamiento de los hijos de Marisa en más de una ocasión. 

Las fuerzas de seguridad siempre tuvieron la certeza de que la madre de Rafael conocía el paradero de Villaquirán, ya que incluso en los días posteriores a su desaparición se hizo pasar por ella enviando mensajes de móvil para sembrar la duda sobre una fuga voluntaria. Sin embargo, los magistrados la absolvieron igual que a los demás imputados. 

Durante su reclusión, a Gabarri no se le ha aplicado ninguna reducción de condena así que ha tenido que esperar a cumplir la parte que marca la ley para poder obtener permisos penitenciarios como el tercer grado, libertad vigilada de la que disfrutan quienes están a punto de cumplir su pena.