Las residencias pedirán ayuda en la retirada de cadáveres

EFE
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Los centros de mayores deberán comunicar de inmediato a las autoridades si tienen complicaciones a la hora de conservar y retirar a los fallecidos por coronavirus o si no tienen los medios personales o materiales para cumplir el aislamiento

Las residencias pedirán ayuda en la retirada de cadáveres - Foto: Brais Lorenzo

Las residencias de mayores deben comunicar de inmediato a las consejerías de Sanidad de sus comunidades y a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno si no pueden gestionar adecuadamente la conservación y retirada de cadáveres por la acumulación o ausencia de servicios funerarios disponibles.

Así se establece en una orden del Ministerio de Sanidad publicada este martes por el Boletín Oficial del Estado (BOE), que entra en vigor hoy mismo y que permite a las comunidades autónomas intervenir los centros residenciales de mayores en función de su situación epidémica y asistencial.

La orden establece los casos excepcionales en los que los centros deberán informar inmediatamente para recabar el auxilio urgente si no pueden gestionar la conservación y retirada de cadáveres.

También si no tienen los medios personales o materiales para cumplir las normas de aislamiento, así como ante cualquier otra circunstancia análoga que ponga en grave peligro la integridad y sostenimiento del servicio que se presta.

Cuando concurran alguna de estas situaciones excepcionales, los centros serán auxiliados de forma coordinada con todos los medios disponibles en su territorio.

Una vez llevada a cabo la intervención, se informará al Ministerio del centro en el que se haya producido, la situación abordada, los medios activados y la situación final.

La orden también permite a las comunidades ordenar por motivos de salud pública el alta, la baja, reubicación y traslado de los residentes a otro centro residencial, con independencia de su carácter público o privado.

Podrán también impulsar la puesta en marcha de nuevos centros, modificar la capacidad u organización de los existentes, designar a un empleado público para dirigir la actividad asistencial de un centro o convertirlos en centros de uso sanitario.

Todas las residencias quedan además sujetas a la inspección de los servicios sanitarios de cada comunidad autónoma, que podrá realizarse en cualquier momento.

La orden estará en vigor hasta la finalización del estado de alarma y sus posibles prórrogas.