La sección primera de la Audiencia Provincial de Burgos absuelve al que fuera inspector jefe en la comisaría de Policía Nacional de Miranda de un delito de falsedad en documento público. La acusación particular, emprendida tras la denuncia de los padres de un agente damnificado por un informe de su superior, pedía para el oficial una condena de hasta cinco años de cárcel y, además, tanto una multa de 20 euros diarios durante 20 meses, como la «inhabilitación especial» a lo largo de todo un lustro.

La sala reconoce que el acusado en este procedimiento pudo realizar ciertas afirmaciones «inveraces» en un documento donde recomendaba que su subordinado se incorporara a la comisaría de Miranda, en lugar de viajar hasta Oviedo por una dolencia física. Pese a ello, en el juzgado consideran que sus valoraciones tienen un carácter meramente «subjetivo» y, sobre todo, apuntan que «afortunadas o no, resultan totalmente inocuas».

El desencadenante de este proceso judicial comenzó en otoño del año 2012. Por aquel entonces, un agente de la Policía Nacional destinado en Miranda solicitó a la División de Personal de la Dirección General de este cuerpo de seguridad residir «temporalmente» en Oviedo para curarse de una lesión en la rodilla. El inspector jefe de la comisaría de la ciudad, cuando tuvo que redactar su informe sobre el caso, tuvo a bien considerar improcedente la petición. Según manifestó, no resultaba necesario este cambio de emplazamiento «teniendo en cuenta su situación socio familiar». El superior decía que los padres del funcionario padecían «enfermedades invalidantes» y no era «razonable sobrecargar a esa familia con el cuidado» de su hijo.

Precisamente, esa justificación fue la causa del juicio por el que se le ha terminado absolviendo. Los padres del agente implicado mostraron ante el tribunal varios informes que demostraban que se encontraban en un estado óptimo y, en ningún caso, eran inválidos.

La Audiencia Provincial reconoce el derecho de estos familiares a presentarse como acusación particular en el proceso y, además, remarca que las afirmaciones del acusado carecen de veracidad. Sin embargo, aclara que el inspector jefe no actuaba como «órgano decisor», sino que la Dirección General tenía esa competencia. Unido a ello, al margen de que pudiera haber tenido cierta influencia en la negativa a la petición de su subordinado, el informe «no era vinculante».