El Buzón de Denuncias del Fraude en las relaciones laborales, que impulsó el Gobierno de España, ha registrado desde el año 2020 un total de 42 quejas de empleadas del hogar que firmaron contratos -o ni siquiera eso- con cláusulas leoninas para trabajar en domicilios de la provincia. En cuatro de esos casos la Inspección de Trabajo ha hallado pruebas de infracción, por los que ha impuesto sanciones económicas que ascienden a un importe global de 10.000 euros, según la respuesta del Gobierno a Compromís. En total, el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la ley laboral ha llevado a cabo en Burgos 31 visitas a otras tantas casas desde hace dos años. No es esta la provincia de la Comunidad autónoma que más denuncias contabiliza. Valladolid, con 83, y Salamanca y León, ambas con 73, superan a Burgos en la lista.

El fraude detectado por la Inspección se concentra en dos vertientes: la remuneración por debajo de lo que corresponde por el trabajo realizado y la defraudación de cotizaciones a la Seguridad Social como consecuencia de esas reducciones en los salarios.

En el caso de los sueldos, las actuaciones de la Inspección han supuesto para casi 29.000 empleadas del hogar de toda España un aumento conjunto de los salarios netos de 6,5 millones de euros mensuales, lo que indica que cada mes les estaban pagando una media de 225 euros menos de los que les correspondían.

Ese trabajo gratuito, por impago de salarios, conlleva además un fraude a la Seguridad Social que ronde los 5,5 millones de euros mensuales, lo que supone un monto anual de 66 cuyo impago hace que dejen de contabilizarse para el cálculo de las prestaciones por baja laboral y por jubilación de las trabajadoras. 

Hay que recordar que el Estado ratificó el pasado mes el Convenio 189 de la OIT que regula la igualdad de trato de las empleadas domésticas con el resto de personas trabajadoras, asegurando para ellas descansos, vacaciones y el derecho a la protección frente al desempleo.

Este acuerdo entró en vigor en 2013, pero no ha sido hasta ahora cuando el Gobierno de España ha decidido secundarlo. La decisión del Ejecutivo de acelerar la ratificación de este convenio se vio claramente influenciada por la postura del Abogado General de la UE, así como por la sentencia del TJUE, que calificaba la normativa española en materia de Seguridad Social como discriminatoria al privar a las trabajadoras del hogar de recibir la prestación por desempleo, entre otras cuestiones. El Tribunal Europeo concluyó que el hecho de que las empleadas de hogar fueran el único colectivo sin derecho a paro en España, constituye una discriminación indirecta por razón de género.