Pocas veces se da un ejemplo más claro de hipocresía y de la aplicación de distintas varas de medir como el que se vive actualmente en el gobierno valenciano.

Pocas veces la palabra de los socialistas queda más en entredicho, y la palabra también de aquellos que presumían de que llegaban a la política para desalojar a la "casta". Les faltó tiempo para sumarse a lo que más criticaban en esa casta, el boato y el uso desaforado de los bienes públicos. Pero faltaba saltarse también las normas, estatutos y programas, así como las declaraciones sobre la actitud que se debía tener los casos de corrupción: echar del partido a los imputados. Más de una vez se les advirtió que con frecuencia se había castigado a imputados que a la hora de la verdad fueron absueltos o sus causas archivadas. No les importaba: los imputados eran malditos, corruptos, fuera. Pero cuanto les ha tocado a ellos, bien que se escudan ahora en que una imputación no es una condena.

El caso de Mónica Oltra no es el único en el que no ha aplicado lo que exigen a otros; pero sí es el más sangrante, porque no se trata de una imputación por presuntos delitos exclusivamente dinerario, sino que se refiere a un hombre condenado a cinco años de prisión por abusos a menores, una niña-joven internada en un centro gestionado por la Generalitat de Valencia. Un tribunal no solo ha imputado a 13 miembros de la Generalitat sino también a Mónica Oltra porque encontrados indicios -no pruebas-de que la vicepresidenta trató de ayudar a su exmarido desprestigiando la credibilidad de la denunciante.

Que Ximo Puig no se atreva a cesarla, o a que ella no dimita, cuesta asumirlo. Por la sordidez del caso, abusos a menores, una de las luchas de las que más presume el equipo de Pedro Sánchez. Pues bien, ahí tienen un caso que un tribunal considera suficientemente grave como para imputar a un alto cargo de un gobierno de coalición socialista, y ni el gobierno central ni el valenciano pestañean. De momento, pero ya están tardando en hacerlo. Ni pensar qué diría el PSOE y la amalgama de partidos de la izquierda si algo mínimamente parecido se hubiera visto en las filas del PP, Vox o Ciudadanos.

La España política está plagada de casos de corrupción en distintos partidos, y siempre se ha defendido que había que esperar a la imputación antes de tomar medidas sancionadoras. Con excepciones, así se ha hecho; muchas veces con menos indicios que los que adjudican a Mónica Oltra.

No hay justificación para mantenerla en el cargo. Bueno, sí, hay una justificación para no cesarla: que se rompa el llamado pacto del Botanic, acuerdo entre el PSOE y los satélites de Podemos, y salten por los aires infinidad de centros de poder. Y personas destacadas del PSOE y de Compromis pierdan sus puestos y sus buenos sueldos.