Un Real Decreto Ley, promulgado por el Gobierno a finales de diciembre para favorecer la movilidad sostenible, estableció una obligación que cinco meses después parece imposible de cumplir: antes del 1 de enero de 2023, todos los aparcamientos que no sean residenciales privados deberán contar con una estación de recarga eléctrica por cada 40 plazas o fracción.

Esto obligará a habilitar decenas de puntos en los párkings de los grandes centros comerciales y las medianas superficies, pero también en garajes públicos como los que habitualmente concesionan los ayuntamientos en los lugares más estratégicos de las principales localidades.

El resultado será que en los próximos meses surgirán unas cuantas localizaciones electrificadas, pero no parece que sean suficientes para cumplir con las proyecciones que Anfac y Faconauto hicieron el año pasado. Ellos pretendían que para el 31 de diciembre de 2023 hubiera 479 puntos de recarga, mientras hablaban de 779 en 2025 y de la friolera de 2.520 en 2030. La cruda realidad es que en la provincia de Burgos, a día de hoy, únicamente hay 104 en aparcamientos públicos y 101 en instalaciones privadas.

Este último dato lo aporta el Servicio Territorial de Industria de la Junta de Castilla y León, por donde tienen que pasar las autorizaciones. En su estadística se observa que han sido los particulares los que más han impulsado la instalación de cargadores.

La patronal de los fabricantes no tiene más remedio que reconocer que «aunque avanzamos no se hace al ritmo necesario para cumplir los hitos anuales» e insiste: «Hay que establecer las herramientas necesarias que nos permitan alcanzar estos objetivos. Por ello, hay que lograr una mayor eficiencia por parte de las Comunidades Autónomas en la gestión de los fondos asignados en el Plan MOVES III para impulsar tanto la demanda como el desarrollo de infraestructuras. Y por otra parte, tal y como solicitamos desde ANFAC, hay que establecer un órgano de gobernanza que gestione, coordine y supervise el despliegue de infraestructuras en todos los territorios de España. Porque la descarbonización y la movilidad cero emisiones tiene que ser una realidad».

Por su parte Carlos Castiñeiras, delegado de AUVE en Burgos, subraya que «necesitamos ver obras de inmediato en muchos sitios» si las administraciones quieren cumplir con el objetivo del Real Decreto, «porque da toda la impresión de que se está dejando para el último momento y habrá que correr». De ahí que insista en que «los ayuntamientos están pecando de ceguera», porque además podrían beneficiarse de ingresos por la explotación de cargadores en la vía pública, como acaba de demostrar el reciente contrato de la empresa Easycharger, que explotará 19 puntos en las calles de la ciudad a cambio de unos 800.000 euros en 10 años.

En este sentido, Castiñeiras alaba el papel de algunas administraciones como CEDER Merindades, dependiente a su vez de la Diputación, «que ha trabajado con nosotros estrechísimamente para los puntos que se están instalando en el norte de la provincia. Es la excepción, porque estamos colaborando muchísimo más con los ayuntamientos de Cantabria que con los de aquí», concluye al tiempo que saca los colores a otros municipios como Sarracín o Villasana de Mena donde los cargadores entorpecen el paso de peatones por la acera o son demasiado estrechos.

Precios que no ayudan. Los precios de la energía tampoco ayudan a incentivar el vehículo eléctrico. Cuenta Castiñeiras que con la luz disparada el coste de las recargas se han encarecido tanto que pueden llegar a equivaler a los 14 euros por cada 100 kilómetros de autonomía, dependiendo del punto de recarga que se use. Así es imposible hacerlo atractivo y competir con la combustión, por muy caras que estén también la gasolina y el diésel.