En opinión de Jesús Muñoz, gerente de la Cámara de la Propiedad de Burgos, para luchar contra la okupación las Administraciones -todas ellas- han de cambiar el enfoque, porque han de implementar políticas que «no trasladen el problema de la vulnerabilidad económica de los ciudadanos a los propietarios de viviendas». «Son estas instituciones las que han de resolver el estado de necesidad de quienes no tienen un lugar digno para vivir», afirma, para subrayar que «el derecho a una vivienda digna» han de garantizarlo «las administraciones, no los particulares».

De ahí que Muñoz inste tanto al Ayuntamiento como al Gobierno regional a ampliar su parque de viviendas sociales, con el fin de poder alojar allí «a todas las personas que, de otra forma, okuparían viviendas de forma ilegal». Además, advierte de que los mismos propietarios se avendrían a poner a disposición sus casas -por un alquiler más bajo que el precio de mercado- siempre y cuando se les «garantice el pago de la renta y la reparación de posibles daños». Y es que el problema de la okupación no es exclusivo de los propietarios que la padecen «sino también del vecindario, que vive en continuo estado de alarma por ruidos, desperfectos en el portal, etc».

Hay dos tipos de okupas, según la clasificación que lleva a cabo la Cámara de la Propiedad. Están los colectivos reivindicativos, que lo hacen como una forma de protesta contra la propiedad privada, y quienes lo hacen «por hallarse en una situación de precariedad económica y social». En Burgos, «la gran mayoría de los okupas pertenecen a la segunda categoría», asegura Muñoz. Por cierto, que Burgos es la provincia de Castilla y León donde más desalojos por orden judicial se produjeron en 2021, con un total de 24.

Según la Policía Nacional, no existe el arraigo de un movimiento que se dedique a buscar casas vacías para pegar una patada en la puerta y ponerse allí a vivir. Esto no significa que no exista, sino que tienen un sentido muy diferente salvo en contadas excepciones, como es el caso de la calle Santa Clara, 45. Allí un grupo con un cierto carácter delincuencial ha okupado varias viviendas de un edificio que eran propiedad o de la Sareb o de bancos. La gran mayoría de los que entran en viviendas ajenas son familias desamparadas o itinerantes. Tampoco hay un foco claro, sino que se reparte a lo largo y ancho de la ciudad, siendo una docena la contabilizadas. Hay otros focos como en la calle San Francisco, en Las Calzadas, San Juan, La Quinta, Fernán González o Parque Europa. En todos estos lugares se han producido okupaciones muy puntuales y por poco tiempo, por lo que tampoco se pueden englobar en un movimiento.