Los datos lo dejan bien claro. España cuenta con la tasa más alta de alumnos repetidores en Secundaria, el triple que la media de la OCDE. Y también es uno de los países con más ‘ninis’ de la Unión Europea, con un 22 por ciento frente al 16,1 de media. Son dos de los indicadores del informe Education at a Glance 2021, pero por sí solos ya reflejan algunas de las debilidades del sistema educativo español. Europa nos saca las vergüenzas mientras Gobierno y oposición son incapaces de ponerse de acuerdo para aprobar una ley educativa, en la que no incluyan su sesgo ideológico, para mejorar la calidad de la enseñanza y la preparación académica y profesional de los niños y jóvenes españoles. Docentes, padres y madres e incluso los propios alumnos levantan la voz periódicamente exigiendo que la política salga de la educación y se consensúe una ley básica que pueda poner los cimientos a un sistema, que posteriormente tiene un desarrollo desigual por parte de las comunidades autónomas dentro de sus competencias.

Con estos mimbres es complicado hacer un buen cesto. En vez de ir mejorando hacia una convergencia con las cifras europeas, vamos hacia atrás. La distancia cada vez es mayor y aquí no acabamos de dar con la tecla para que nuestros jóvenes puedan concluir sus estudios con la mejor preparación posible para enfrentarse a un mercado laboral muy competitivo y cada vez más globalizado. Tras la inclusión en la nueva ley educativa (Lomloe) de la posibilidad de pasar de curso en Secundaria e incluso de recibir la titulación sin la necesidad de aprobar todas las asignaturas, ahora se suma la intención del Gobierno, conocida hace pocos días, de suprimir los exámenes de recuperación en la ESO una vez que finalice el curso. Aunque serán las comunidades quienes decidan si eliminan o no estas pruebas en el desarrollo del real decreto por el que se regula la evaluación, la promoción y la titulación en ESO, Bachillerato y Formación Profesional, el Ministerio de Educación deja claras que sus intenciones no caminan hacia el incremento de la calidad en la enseñanza, sino en bajar el nivel para maquillar unas cifras que aún nos sitúan a la cola europea.

Este panorama nos debe mover una vez más a reclamar como sociedad civil, junto con todos los implicados en el sector educativo, una reflexión de todos los representantes políticos sobre la necesidad de un acuerdo que marque claramente los objetivos de la educación y los pasos que hay que ir dando para alcanzar la excelencia, o al menos una calidad que permita a nuestros jóvenes terminar sus estudios en igualdad de condiciones con el resto de europeos. Hacer tabla rasa y bajar la exigencia solo servirá para engañarnos un rato hasta que nos demos de bruces contra la realidad.