El desmantelamiento total del campo de La Lora costará millones de euros, no menos de 5 según las estimaciones de quienes han trabajado con la Compañía Petrolífera de Sedano (CPS). La empresa se evaporó como el sueño del oro negro cuando la Guardia Civil se presentó en Ayoluengo para exigirle los permisos de retirada de los icónicos caballitos, en septiembre de 2021. Tras de sí ha dejado poco rastro, y menos dinero. El Estado acaba de incautarle la garantía que prestó al obtener la concesión de explotación del yacimiento burgalés en 1966 y que no llega ni a un euro por cada una de las más de 10.000 hectáreas que ha podido perforar durante más de medio siglo. Asciende, exactamente, a 9.573,47 euros. 

El Ministerio para la Transición Justa y el Reto Demográfico (Miteco) confirma que se ha incautado el «total» de esa cantidad «por la falta de cumplimiento del titular de sus obligaciones y porque el presupuesto de las actuaciones pendientes supera su importe», si bien no concreta el mismo ni tampoco cuándo comenzará los trabajos y su duración, que se extenderá durante varios años.

Tampoco la empresa lo hizo en su día, al presentar el proyecto de la segunda y definitiva fase del Plan de abandono de la concesión, si bien ya advertía que para la cementación definitiva de los pozos petrolíferos no existen en España empresas especializas y resulta necesario «movilizar a un equipo internacional» hasta la Lora y realizar de manera diversos test. Esta solo era una de las operaciones contempladas, entre medias de la retirada de todas las construcciones, edificios y estructuras; la descontaminación de suelos y la restauración ambiental de los 19 pozos que se han mantenido en producción o cerrados pero sin actuar sobre ellos. Solo esta última operación, prevista mediante el sistema del landfarming, ya se preveía que costará cerca de un millón, a más de 50.000 euros por pozo. 

El Miteco confirma que acometerá la «ejecución subsidiaria, a costa del obligado, del abandono definitivo de los pozos del campo y del desmantelamiento de sus instalaciones remanentes», detalla a este periódico. 

Sin embargo, obvia que la Compañía Petrolífera de Sedano ha quebrado, que no ha respondido a ningún requerimiento administrativo y que todas las comunicaciones se han tenido que realizar a través del administrador concursal (Área Global Abogados). De hecho, lo último que hizo fue destrozar 6 de los 15 caballitos que quedaban en pie antes de que un empleado del Ayuntamiento de Sargentes de la Lora diese la voz de alarma e intervinieran el alcalde y la Guardia Civil. Tan solo un mes después, ya había sido aceptada su solicitud de concurso de acreedores, indicio de que no tenía intención de seguir con el desmantelamiento sino rentabilizar la chatarra. 

El destino del patrimonio. «Por otro lado, desde el Miteco asegura que «la ejecución de la segunda fase del Plan de abandono se realizará sin perjuicio de las acciones a desarrollar por las Administraciones competentes en lo relativo a la protección del patrimonio histórico industrial hallado en la concesión», que le corresponde a la Junta de Castilla y León, puesto que declaró el campo petrolífero BIC en la categoría de conjunto etnológico en marzo de 2022 y dictaminó que deben protegerse diversos elementos, en especial las bombas extractoras o caballitos y la documentación. Si bien remarca que no es de su competencia «decidir el destino» de esos elementos.