La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acordó ayer no admitir a trámite la querella criminal presentada por el sindicato médico CESM contra la consejera de Sanidad, Verónica Casado, por adquirir mascarillas para sanitarios «sin previo análisis o verificación» sobre su eficacia. Según fuentes del TSJ, la Sala estima que «no cabe tachar su actuación de conducta tipificada en los artículos 316 y 317 del Código Penal, ya que no ha quedado acreditado, ni de forma indiciaria atendida la versión de los hechos recogida en la querella, que no cumpliera con la obligación de proveer de los equipos de protección individual al personal sanitario a su cargo, en la medida de sus posibilidades», informa Efe.
«Tampoco cabe reprochar que no se contrastara debidamente la adecuación de dichos medios para preservar del riesgo de contagio, pues estaban amparados por una homologación (GB2626-2006) reconocida como válida por el Ministerio de Industria Comercio y Turismo, lo que en principio podía estimarse suficiente para su inmediata entrega, habida cuenta la imperiosa necesidad de dotar al personal sanitario de dichos equipos y las dificultades para proveerse de los mismos, circunstancias reconocidas tanto a nivel europeo, como nacional, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que pudieran derivarse al amparo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales», señala el Tribunal, segúnIcal.
Al respecto, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, recordó que la «justicia siempre es una garantía». «Nos lo han oído decir todos estos días. Nuestros profesionales han hecho un trabajo impagable, desde la consejera al último de los sanitarios. Todos merecen nuestro reconocimiento», remarcó en la red social Twitter una vez conocida la noticia.
Material sanitario
La querella fue interpuesta por el CESM el pasado 21 de mayo contra la consejera de Sanidad como supuesta autora de un delito contra la seguridad de los trabajadores por la adquisición de material sanitario de protección por la Consejería de Sanidad sin la acreditación debida. En concreto el modelo de mascarilla MOLOVEN BUTTERFLY TYPE y las KN95 de la marca ‘Subolun’, comprada «sin procedimiento alguno de previo análisis y/o verificación que garantizase su eficacia». El CESM también alegó «falta de control en su recepción, la falta de verificación de su idoneidad, su entrega y posterior tardía retirada», que para el sindicato médico supone «no cumplir con las obligaciones que impone la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a la Autoridad Sanitaria».