La obra de la piscina climatizada tampoco empezará en 2023. Esta previsión se debe al último recurso presentado por la UTE Yárritu-Ojembarrena, que ha acudido a los tribunales por no estar de acuerdo con la revisión de precios realizada por el Ayuntamiento de Miranda, sobre un proyecto de la pasada legislatura. La vuelta a los juzgados motiva que «durante un año o año y medio» haya un bloqueo, como indicó en el Pleno municipal el portavoz socialista, Miguel Ángel Adrián. Debido a este nuevo parón, el equipo de gobierno estudia que los 3,5 millones de euros comprometidos puedan cubrir otros propósitos, aunque tendrán que cumplir con una característica: «Hay que destinarlo a inversiones».

Adrián reparó en que «todavía no está del todo decidido, aunque hay un consenso amplio». El Ayuntamiento empezó a reservar ese montante en 2016 y en 2019 la partida alcanzó los 3.575.000 euros. La nueva finalidad y cuánto gastarán lo dictaminarán en breve, porque los proyectos los incluirían en el Presupuesto de 2023, en el que trabajan. Ante los grupos, el portavoz defendió el trabajo del PSOE en este procedimiento y confesó que el tiempo de espera puede exceder el año y medio por «la posibilidad de un recurso superior». Por este motivo, consideró que ahora es buen momento para sacar del cajón los 3,5 millones reservados.

El choque entre la constructora y el Ayuntamiento se produce por la revisión de precios, en una inversión llena de obstáculos. En mayo de 2021, los juzgados obligaron al Consistorio a adjudicar el contrato a Yárritu-Ojembarrena, por la licitación realizada en 2018. Así se hizo, pero los costes estaban desactualizados, por lo que la UTE reclamó otra valoración en noviembre de 2021 por la carestía de los materiales. La solicitud se resolvió este septiembre, once meses después, porque «estuvimos negociando la posibilidad de adaptar su actualización a lo que exige la ley», reparó Adrián, quien puntualizó:

«No digo que la empresa no tenga razón». Aún sí, aclaró que la nueva cuantía debía hacerse «en base a una cláusula que se incluye dentro del proyecto», lo que limitaba el incremento al 11,14%, que no cuadra con los números de la UTE. El resto de grupos criticaron la mala gestión del equipo de gobierno y recordaron que ya se ha pasado varias veces por los tribunales en un proyecto que se arrastra de la pasada legislatura.

Reprobación. En el Pleno también se debatió una moción del PSOE para pedir la reprobación del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, por definir a este partido como una «banda criminal». Los concejales socialistas, los de IU y la de Podemos votaron a favor, mientras que Ciudadanos se abstuvo y el PP se posicionó en contra. Donde sí que hubo unanimidad fue en otro texto para impulsar proyectos de comunidades energéticas o sistemas de autoconsumo fotovoltaico compartido en un colegio de la ciudad.