El Gobierno de la nación y el vasco han acorado la transferencia de la gestión de las prisiones al País Vasco, una de las 31 pendientes desde la aprobación del Estatuto de Gernika y de especial significación dada la situación de violencia protagonizada por ETA hasta su definitiva desaparición, que ha dejado más de ochocientos muertos y un sinnúmero de detenidos entre los terroristas y sus colaboradores. A partir del 1 de octubre próximo las prisiones enclavadas en territorio vasco serán competencias del gobierno autonómico
Que el PNV sea uno de los socios prioritarios del Gobierno de coalición para su sostenimiento parlamentario ha sido decisiva para abordar una transferencia que parecía tabú, que se produce en un momento en el que está variando la política penitenciaria con respecto al grupo de presos de ETA encarcelados en España, por un lado, y por otro con la vista puesta en lo que ocurre en Cataluña, la única comunidad autónoma que tiene transferidas las cárceles.
El Gobierno ha iniciado un proceso de desmantelamiento de la política de dispersión de los presos de ETA y ha acercado a un gran número de presos de ETA que van cumpliendo con los requisitos establecidos por las autoridades del Ministerio del Interior para tener acceso a los beneficios penitenciarios, ante las protestas de las asociaciones de víctimas del terrorismo que dudan de la veracidad de sus arrepentimientos y de su condena de la violencia. Su temor, además, es que una vez que algunos de ellos sean trasladados a las cárceles vascas que se van a transferir, las autoridades penitenciarias vascas sean permisivas y se produzcan progresiones de grado o puestas en libertad condicional que vacíen las cárceles de terroristas, en aplicación de una política penitenciaria que tiene una de sus principales señas de identidad, más que en el encarcelamiento, en el cumplimiento de las penas con el control de los penados en el exterior.
Lo ocurrido en Cataluña con los presos del ‘procés’ que han sido puestos en semilibertad en dos ocasiones es contraproducente. Sin embargo, los tribunales los devolvieron a la cárcel tanto por la gravedad de los delitos que habían cometido como por el poco tiempo transcurrido desde su ingreso en prisión. Esa actitud vigilante tendría que ser suficiente para minimizar la posibilidad de que presos etarras con cientos de años de condena o con deudas pendientes con sus víctimas salgan de prisión Y sobre ellos va a pesar un control constante de los familiares de las víctimas y de sus asociaciones.
Pese a las protestas que surjan por la decisión del Ejecutivo de transferir las prisiones al País Vasco, tampoco es una situación muy normal que aún queden 27 transferencias pendientes después de las cuatro acordadas ayer por el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta y Josu Erkoreka. Los estatutos de autonomía forman parte del entramado constitucional y su cumplimiento es una obligación más allá de quien ocupe el Gobierno central. Pero tampoco puede obviarse que los escaños de los nacionalistas vascos son imprescindibles para el Gobierno y que aprovechan sus debilidades del Gobierno para avanzar en su autogobierno. En el caso de las prisiones, la transferencia es posible porque la desaparición de ETA, aunque de vez en cuando aparezca en el debate político, es una realidad sin vuelta atrás.