Entre los años 2011 y 2021 la diócesis de Burgos anuló un total de 237 matrimonios, unos veinte anuales a lo largo de toda la década, una cifra que se mantiene invariable desde principios de los años 2000 pese al singular descenso de bodas religiosas que se ha experimentado -que están ya muy por debajo de los enlaces civiles- algo generalizado en todo el país. La Iglesia Católica, pues, sentenció que la unión ante Dios de todas y cada una de esas parejas nunca existió a pesar de que queden fotografías de los novios en el altar, vídeos que acrediten ante los ojos de cualquiera que se dijeron 'sí quiero' ante un sacerdote y cientos de testigos que estuvieron en aquella iglesia. La mayor parte de la gente que acude a la diócesis para conseguir esta acreditación lo hace, según explica el vicario judicial, Donato Miguel Gómez, después del divorcio porque quieren volver a casarse por la Iglesia y porque «no quieren que nada les vincule a la otra persona y cerrar un capítulo de su vida»: «La gente tiene derecho a ser feliz y que en un momento hayan vivido una situación difícil no quiere decir que tengan que vivir en un infierno. Lo que más les sana es que la Iglesia les diga que lo que han vivido no ha sido un matrimonio sino un infierno».
Aunque Gómez sustituyó en 2021 en el cargo a Pablo González Cámara, fallecido el pasado mes de abril, lleva vinculado al tribunal eclesiástico desde 1998 cuando el entonces arzobispo Santiago Martínez Acebes le pidió que se licenciara y doctorara en Derecho Canónico, que le diera «un toque más humano» al proceso de las anulaciones trasladando, según cuenta, la labor que hacía en Proyecto Hombre con las personas con adicciones a la atención a quienes acudían a anular su matrimonio, «que en muchas ocasiones sufren graves problemas emocionales», que es la principal razón por la que, finalmente, se consideran no celebradas las uniones.
Las causas por las que se llega a la conclusión de que un matrimonio no existió son varias pero casi todas remiten a que uno de los miembros de la pareja sufría algún problema psicológico o psiquiátrico. Alguna son, en el lenguaje de la Iglesia Católica, «falta de discreción de juicio» para valorar el compromiso que se estaba adquiriendo en ese momento, lo que quiere decir, como explica, Gómez, «que la persona no lo ponderó». También pueden alegar la ausencia de libertad en aquel momento, es decir, que se casaron «bajo coacciones», «la incapacidad de asumir las obligaciones que tiene el matrimonio» o la «exclusión de los hijos», es decir, si en el que momento en el que dijeron sí quiero uno de los dos no quería tener hijos pero no se lo había dicho explícitamente al otro.
La infidelidad y la violencia de género son también razones para anular un matrimonio pero siempre y cuando -precisa el vicario- se hayan producido antes de la boda. En el primer caso, si es posterior no se considera causa de nulidad ya que esta se concede porque se prueba que en el justo momento de producirse el enlace se había sido infiel. En cuanto a la violencia de género ocurre lo mismo y, además, «se va a la causa de fondo que la provocaba porque cuando alguien trata mal a otra persona tiene un problema y muy serio».
El proceso suele durar ahora alrededor de nueve meses y la tasa que cobra la diócesis es de 200 euros pero solo a quien se la pueda permitir. «Si las personas no tienen recursos se hace completamente gratis y se le ofrece un abogado especialista en la materia, lógicamente es más caro si se contrata a un abogado de forma particular», añade Miguel. Porque se trata de un juicio en toda regla: cada una de las partes va con su letrado, o ambas con el mismo como ocurre en la jurisdicción civil. Desde 2015, además, se ha reducido el tiempo y las complicaciones de una nulidad matrimonial después de que el papa Francisco -que también pidió que fuera más barato- señalara que ya no iba a ser necesario tener dos sentencias como hasta entonces. Así, Burgos, al ser archidiócesis era segunda instancia para las diócesis de Bilbao, Vitoria, Palencia y Soria, en tanto que quienes querían anular su boda en esta diócesis tenían que ir al Tribunal de la Rota en segunda instancia.
EVITAR RUPTURAS. Aunque son una veintena las anulaciones anuales del tribunal, el vicario judicial afirma que reciben a unas 50 parejas todos los años, muchas de las cuales se preguntan si su matrimonio fue nulo a la vista de los problemas que han tenido después. Y es aquí donde la diócesis trabaja para, si es posible, evitar la ruptura . En estos casos, indica el vicario judicial, muchas veces se les envía a un terapeuta «con el que van a la raíz del asunto y algunos matrimonios han podido seguir adelante».