Atención individualizada, especializada y de acompañamiento pleno. Esa es la filosofía de los nuevos centros de crisis para atender a las víctimas de violencia sexual que el Gobierno quiere extender por toda España de aquí a 2023. Se trata de un colectivo vulnerable que en un primer momento está desorientado, no sabe muy bien dónde acudir y requiere de un apoyo continuo y constante. 

«Las acompañamos desde el minuto uno. Que sepan en todo momento lo que pueden hacer. Hay que cambiar esa idea de que cuando las mujeres van a denunciar se les juzga a ellas y no a sus agresores», describe la coordinadora contra la Violencia de Género del Instituto Asturiano de la Mujer, Manuela Suárez.

Hasta el momento, solo Asturias y Madrid cuentan con este tipo de dispositivos que prestan seguimiento y asesoramiento adaptado a las necesidades y a los tiempos de las mujeres que acaban de sufrir una agresión sexual o aquellas que han sido víctimas en el pasado y que también proporcionan apoyo a familiares y a personas de su entorno.

Son servicios que prestan atención psicológica, jurídica y social -presencial, telefónica y online- todos los días y a todas horas con un único objetivo: ir de la mano con ellas en todo el proceso de reparación y no dejarlas solas.

Madrid fue la primera comunidad de España que puso en marcha, en 2019, un servicio municipal de estas características, de gran tradición en los países anglosajones. Hace un año, Asturias creó otro de titularidad autonómica en Oviedo. La intención del Ejecutivo central es que todas las provincias, así como las ciudades autónomas, dispongan de uno, para lo que ha repartido 19,8 millones de euros entre las comunidades autónomas.

Estos centros garantizan una atención integral inmediata, sin necesidad de haber interpuesto previamente una denuncia, y, en caso que sea preciso, prestan apoyo presencial en el mismo lugar en el que se encuentre la víctima.

En la capital de Asturias, un equipo formado por una coordinadora, seis abogadas y seis psicólogas se encargan de atender las llamadas, mensajes y correos electrónicos que envían las víctimas para pedir ayuda.

En el Principado se puso en marcha al constatar un «aumento en este tipo de delitos, sobre todo en mujeres jóvenes, y que no había recursos públicos para dar una respuesta», apunta la directora general de Igualdad del Principado, Nuria Varela.

No son las víctimas las que acuden al centro, aunque pueden hacerlo si lo desean, sino que son las profesionales las que se dirigen al lugar donde esta lo solicite. «Se acompaña a la víctima donde sea necesario. A un centro de salud, a un hospital, a su domicilio...», explica Manuela Suárez.

Para ello, se desplaza un equipo a bordo de un vehículo acondicionado para realizar ese tipo de traslados y del personal necesario para ejecutarlos.

El centro también se encarga de proporcionar acompañamiento y asesoramiento psicológico y jurídico y se realiza un seguimiento de cada caso.

El dispositivo, que atiende a mujeres a partir de los 12 años, ofrece, además, orientación a la familia y amistades de las víctimas con el propósito de que puedan apoyarlas en todo el proceso de superación de las secuelas. En el caso de Asturias, el 58 por ciento de los asistidos son madres.

Este centro de crisis también está preparado para atender a personas con algún tipo de discapacidad y dispone de un servicio de traducción para las víctimas extranjeras, tanto para usuarias migrantes como turistas y viajeras, dado que el 14 por ciento de las asistidas son de fuera de España.

«Lo primero que tenemos que hacer es escuchar sus sentimientos y emociones y validarlos. Llaman, a veces, muy desbordadas»,  detalla Victoria Nieves, una de las psicólogas del centro que trabaja día a día para que, tras esta experiencia traumática, las afectadas puedan «salir fortalecidas, empoderadas y llevar una vida absolutamente funcional». 

Es un comienzo positivo, afirma Virginia Álvarez, responsable de investigación de Amnistía Internacional . Para esta organización es importante que se dé una respuesta integral a todas la forma de violencia de género, no solamente a las que ocurren en el ámbito de la pareja o expareja, y que sea multidisciplinar. El fin último, apunta, es atajar este tipo de comportamientos y ofrecer una ayuda completa y reparadora a la víctima para que pueda reinsertarse de forma plena en la vida social.