Dentro del paquete de medidas propuesto por el Ministerio para agilizar la actividad en los juzgados, y que fue aprobado en el seno del Congreso de los Diputados, se encontraba el fomento de las videoconferencias y las vistas telemáticas. Algunos magistrados, los fiscales y, sobre todo, los abogados miraron con recelo esta medida por la falta de garantías que ofrecía este medio en declaraciones de testigos. Sin embargo, todos los colectivos están valorando la experiencia de una manera positiva. La tecnología se ha convertido en un aliado para muchas jurisdicciones, pero para otras no es más que un incordio que retrasa aún más la toma de decisiones. En Primera Instancia 7 de Burgos, encargado de Familia e Incapacidades, están utilizando las videollamadas para realizar exámenes que certifiquen, o no, una invalidez. El resultado es un mayor colapso y menos precisión.

La propuesta surgió como medida para agilizar el tiempo de respuesta de un juez encargado de asuntos que requieren de tanto trabajo como son los divorcios, custodias e incapacidades. Éstos últimos obligan al magistrado a acudir más de una vez a la semana a residencias o centros hospitalarios para examinar a pacientes que solicitan una invalidez. El anterior titular, Roberto Pérez Gallego, ya advirtió en más de una ocasión que esta labor le ocupaba una mañana entera, con lo que descuidaba el resto de procedimientos. 

La medida más eficaz, y así se han encargado de advertir desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en numerosas ocasiones, hubiera sido crear un nuevo juzgado para separar los pleitos de Familia de los de Incapacidades. Sin embargo, tanto el Poder Judicial como el Ministerio han visto innecesaria esta medida. A cambio, y tras la llegada de la covid-19, les brindaron la oportunidad de realizar estos exámenes a través de videoconferencia. 

Pero lejos de agilizar la toma de decisiones, la medida ha conseguido el efecto contrario. Se tarda más en resolver y es menos preciso. Lo reconocen fuentes de la administración de Justicia y se encargan de corroborarlo, no sin cierta desesperación, los letrados especializados en Familia. «Me parece un método espantoso. Es una exploración que no me es válida. El juez tiene que ir a ver a esa persona in situ, observar cómo es su casa o su residencia y ver cómo la están cuidando. Las pruebas hay que practicarlas bien, con más rigor. Y es que tampoco se está tardando menos, al contrario», critica la abogada Belén Marticorena. 

Retrasar aún más los tiempos de respuesta complica las cosas en un juzgado como el de Incapacidades, que cada ejercicio ve cómo se incrementan los procedimientos. Al año se están tratando unos 250 asuntos de este tipo, pero la previsión es que en el próximo lustro se incrementen debido al envejecimiento de la población. Por otro lado, la falta de espacio en los centros psiquiátricos debido a la pandemia está obligando a los profesionales médicos a cribar al máximo los internamientos. «Esto no se resuelve con más medios tecnológicos, que sí que son útiles en juicios. La solución es que haya más personal», recalca Marticorena.