Transcurridos cuatro años desde que Interior y los sindicatos policiales y de la Guardia Civil firmaron el acuerdo de equiparación salarial con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ha llegado la hora de «dar un paso más», de exigir que «todos los puntos» de aquel «pacto» de 2018 «se cumplan». Y también de que se incorporen nuevas reivindicaciones que no se tuvieron en cuenta en aquellos momentos porque la subida salarial que ofreció el Gobierno de España «era un tren que había que coger», aunque no satisficiera del todo a los movimientos asociativos.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) llevaron a cabo una gran manifestación el sábado en Madrid para exigir al Ministerio del Interior medidas que igualen las condiciones de trabajo y retiro con las policías autonómicas y las locales. El secretario provincial del SUP, Raúl B., y el de la AUGC, José Antonio M., hablan con Diario de Burgos para explicar qué piden en estos momentos y cómo afectaría al desempeño de su labor en las comisarías y cuarteles de la provincia.
Reconocen que la subida de sueldo fue notable tras el acuerdo, entre los 500 y los 600 euros al mes en las escalas básicas, pero se quejan de que «se trata de complementos que no computan para la jubilación». «Nuestras pensiones van a ser las mismas que antes de que se firmara el aumento salarial», lamentan. ¿Cuál es la mejor manera de modificar esta situación? Sin duda, «la reclasificación al grupo B de funcionarios (ahora están en el C) para el personal de la escala de cabos y guardias civiles y de la escala básica de la Policía Nacional». De esta forma, «también se contribuiría a una igualación real con las retribuciones» con Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra.
Y es que los sindicatos piden también una Ley que suprima para siempre las diferencias salariales entre todos los cuerpos, «porque puede que en Cataluña, País Vasco o Navarra se aprueben incrementos de sueldos en un momento dado y que el Estado no los iguale». En la Guardia Civil, por ejemplo, la AUGC no está de acuerdo con que la subida pactada en 2018 «sirviera para retribuir mejor los empleos de cabo, brigadas y subteniente y hacerlos más atractivos».
Estas organizaciones, que rompieron el diálogo con el Gobierno en noviembre del año pasado, se movilizan también para exigir la jubilación anticipada -a los 60 y a los 62 en el futuro-, sin pérdida de poder adquisitivo, «igual que la tiene la Ertzaintza desde 2009; los Mossos d'Esquadra y la Policía Foral de Navarra, desde este año, y las policías locales de toda España desde 2019. «No pedimos ni más ni menos, pedimos lo mismo que los demás», resumen.
Policías nacionales y guardias civiles consideran que deben ser tratados como cualquier funcionario y por eso exigen las 35 horas semanales. En las comisarías, Raúl B. considera que «sería perfectamente aplicable» con el turno de trabajar seis días y librar otros seis seguidos que se estableció en pandemia «para trabajar en grupos cerrados y evitar contagios». Antes funcionaban con el '6-5', pero a los agentes les debían horas. Con el actual son estos los que no completan horario, «pero con las 35 se arreglaría todo».
Para la Guardia Civil «sería un auténtico quebradero de cabeza, porque ya lo fue bajar de 40 a 37,5», resalta José Antonio M.. En la Benemérita «no hay turnos definidos, los cuadrantes se hacen mes a mes y no guardan un patrón idéntico, por lo que conciliar resulta imposible». Una semana «se pueden hacer dos mañanas, dos tardes y una noche y a la siguiente de otra forma». Pero tendrán que hacerlo, «bien reunificando unidades o bien trayendo más guardias civiles».