Están muy lejos de las negras cifras que la N-I arrojaba cada año antes de la liberación de la autopista -entre seis y ocho muertos por ejercicio en la última época, el lustro comprendido entre 2013 y 2018- pero ni la N-120, ni la N-234 ni la CL-629 soportan el tráfico que circulaba por la carretera Burgos-Miranda, unos 10.000 vehículos cada día antes de la supresión de los peajes de la AP-1. Las carreteras de Logroño, de Soria y de Villarcayo han tomado el relevo a la N-I en la siniestra relación de vías más letales de la provincia, las tres con cinco fallecidos en los últimos cinco años, según los datos facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico a través de la Subdelegación del Gobierno.
El caso de la N-120 resulta singular, porque las cinco víctimas mortales registradas desde 2018 -a las que habría que agregar una sexta en la travesía de Belorado- se han contabilizado, todas ellas, en el año 2022. En los años anteriores no tuvo lugar ni un solo siniestro mortal. Con estos números, los alcaldes de los principales pueblos que jalonan la nacional pusieron en verano el grito en el cielo para que su voz llegue hasta Madrid, en concreto al Ministerio de Transportes, a fin de que dé un impulso definitivo a la A-12, una autovía que sin duda reduciría a niveles mínimos la peligrosidad en la carretera.
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