El PP y Cs, que conforman el equipo de Gobierno de la Diputación, firman una moción conjunta al pleno del viernes para la dotación de una convocatoria de ayudas directas a los bares de los pueblos, que están sufriendo importantes pérdidas ante el cierre obligado por la pandemia, al tiempo que se priva a los vecinos de un «servicio básico».

Será Sodebur la encargada de realizar el estudio para la concesión de tales ayudas a los negocios de hostelería de los municipios burgaleses con prioridad, se señala en la proposición, en las localidades de menor población y que desarrollen actividades, al margen de los cierres por la pandemia, durante al menos 9 meses al año. La financiación de esta línea de ayudas vendría del fondo para la reconstrucción de la actividad por la crisis de la covid, recogido en el anteproyecto de presupuestos para el próximo año. Finalmente, la moción especifica que se anticipará y resolverá la convocatoria «a la mayor brevedad posible», entendiendo que la crisis sanitaria y económica está teniendo unas consecuencias «nefastas» en este sector.

Por otra parte, ambas formaciones explican que las ayudas deben canalizarse de forma ágil y directa, con posibilidad de prorrogarse en próximos años hasta el horizonte de salida de la actual crisis.

En su análisis de la situación del sector en la provincia, el PP y Cs reconocen que pese a que los bares rurales no se consideran un servicio básico, lo cierto es que estas instalaciones prestan una función esencial en los núcleos de población pequeños, recordando que en muchos casos, son bares de gestión  privada y en otros a través de concesiones públicas u otras fórmulas de colaboración, «de tal forma que se convierten en puntos neurálgicos y sociales de la vida de los pueblos más pequeños, por lo que si puede considerarse esa función de servicio público». En este sentido, también se hace hincapié en que prestan un servicio fundamental a las personas mayores  que encuentran en ellos «un recurso de atención y socialización sin el cual las opciones de mantener la población residente se ve claramente mermadas». PP y Cs abogan porque deben tener una ayuda institucional que les permita seguir estando abiertos. En la provincia, los municipios con menos de 3 bares se acercan a 250, con 160 negocios, y hay más de 170 municipios sin ningún servicio de bar.

No a la Ley Celaá. No es la única moción conjunta de PP y Cs al pleno, también sus portavoces firman otra en la que rechazan la nueva Ley de Educación aprobada recientemente, tanto en el fondo como en la forma, «sin consenso y parcialidad», por lo que exigen al Gobierno de la nación su retirada  «hasta llegar a un consenso de amplio espectro político». Igualmente, instan a la Junta a favorecer la integración de la escuela pública y concertada y a mantener la libertad de las familias a la elección de centro.