La sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ratificada después por el Supremo y que ha obligado al Ayuntamiento a pagar más de 9 millones de euros por la expropiación de un solar de 6.400 metros cuadrados ubicado junto al colegio Juan de Vallejo (en una parcela triangular entre el centro educativo y el aparcamiento disuasorio de Gamonal), obligará al Consistorio capitalino a realizar otro desembolso extra de 950.000 euros por la tardanza en cumplir con la obligación que, sin ser demasiado consciente, se impuso a sí mismo en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2014.

Esa es la cantidad que se ha reservado ya en el presupuesto modificado de este 2022 para pagar los intereses de demora a los que tienen derecho los propietarios de esos terrenos en los que el Ayuntamiento (tras saber que son ya suyos) quiere levantar una central de recogida neumática de residuos. 

Los intereses tan elevados se deben a lo elevado del importe a pagar por los terrenos y al hecho de que fue en el verano de 2017, hace ya de eso casi cinco años, cuando los propietarios del solar reclamaron al Ayuntamiento que se iniciara el expediente de expropiación.

El asunto acabó en la justicia, donde los tribunales se posicionaron más cerca de la posición de los propietarios que de la del Ayuntamiento. La Administración municipal realizó un adelanto en el pago de 2,3 millones (los que nadie discutía) y ha tenido que ser hace unos meses cuando se le ha comunicado (intereses aparte) que tenía que realizar un desembolso de otros 6,3 millones.

En total, y una vez sumados los intereses, el Consistorio debe de afrontar una factura que se eleva por encima de los 10 millones de euros. Por suerte para el Gobierno de coalición del PSOE y Cs, el pronunciamiento judicial ha llegado en un momento en el que las reglas fiscales están suspendidas, en el que no se ha tenido que amortizar deuda (salvo la obligada de los consorcios) y eso ha hecho que no haya tenido que sacrificar ninguna inversión relevante.

El problema no se queda ahí ya que el mismo PGOU que acaba de forzar (de manera indirecta) a realizar un desembolso millonario recoge que existen alrededor de unos 40 solares repartidos por toda la ciudad en una situación similar. Es decir, terrenos que el Ayuntamiento tiene previsto expropiar ya que en ellos el planeamiento recoge que se deben de ejecutar sistemas generales viarios, parques, dotaciones públicas...

Eso sí, fuentes del equipo de Gobierno han manifestado que no hay casos que se asemejen, en cuanto a su cuantía económica, al del solar ubicado en la calle Manuel Altolaguirre.

Aunque la buena liquidez de las arcas municipales ha permitido al Ayuntamiento salvar el tipo, otra sentencia sería muy dolorosa.