La Comisión Territorial contra la Violencia de Género se reunió este jueves, de forma telemática, a fin de abordar las distintas actuaciones que se han llevado a cabo en la provincia para luchar contra esta lacra. Así, la red de asistencia a las mujeres víctimas de maltrato ha atendido entre enero y septiembre en sus centros a 82 personas frente a las 62 del año pasado, mientras que el servicio de atención 012 recibió 758 llamadas procedentes de la provincia burgalesa.
Dentro del programa de apoyo psicológico a víctimas, menores y dependientes, 100 personas se han beneficiado este año de este servicio, cuyo objetivo es ofrecerles apoyo emocional y promover su autonomía personal. En 2019 lo hicieron 56 personas. Además, de enero a septiembre, 29 mujeres hicieron uso del servicio de traducción e interpretación para víctimas de violencia de género (20 lo solicitaron el ejercicio pasado). Además, otras 3 utilizaron el servicio de información y asesoramiento jurídico.
A esta reunión, presidida por el delegado territorial, Roberto Saiz, acudieron también representantes de la gerencia territorial de Servicios Sociales, los ayuntamientos de Burgos, Aranda y Miranda, la Diputación, la Fiscalía, la Subdelegación del Gobierno, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Colegio profesional de Psicología, Cruz Roja y Policía Local.
En la Comisión se informó sobre los avances del modelo de atención a las mujeres víctimas de violencia de género propuesto por la Consejería de Familia ‘Objetivo Violencia Cero’, que pretende la atención integral a las víctimas y a las personas dependientes de ellas. En concreto, en el año 2020 hay que destacar el trabajo realizado, con la puesta en marcha de dos medidas que marcan el camino para seguir avanzando en la lucha emprendida. Estas actuaciones son el procedimiento de actuación para la atención jurídica y psicológica a mujeres y niñas víctimas de agresiones y/o abusos sexuales en Castilla y León; y el protocolo de actuación conjunta entre la Consejería de Familia y la Delegación del Gobierno para la coordinación de la violencia de género, el cual supone un refuerzo en la coordinación y la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para intensificar el seguimiento en casos de riesgo alto y vulnerabilidad social.