En el Aula de Romeros de la Facultad de Derecho se celebraba la última mesa redonda de la jornada dedicada a analizar la reforma de la PAC. Fuera, medio centenar de agricultores de la UCCL recibían con una sonora pitada al secretario general del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Fernando Miranda, encargado de clausurar el acto, mientras desplegaban sus pancarta reclamando democracia para el campo, una PAC justa y precios dignos. 

Eran pasadas las 5 de la tarde y lejos de esquivar a los manifestantes, el representante ministerial se acercó a saludar a los líderes provincial y regional del sindicato, Susana Pardo y Jesús Manuel González Palacín, quienes aprovecharon para expresarle su rechazo a la reforma planteada para el sector y que entra en vigor en 2023. 

Pero la presencia de la UCCL a las puertas de la Facultad de Derecho, organizadora de la jornada, no solo estaba motivada por el descontento sobre los planteamientos de la nueva política agraria, como dejó bien claro Pardo, sino por el hecho de que el sindicato no hubiera sido invitado a participar en alguna de las mesas redondas -sí se contó con Esteban Martínez, presidente provincial de Asaja- en un debate que la propia Susana Pardo calificó de importante para esclarecer muchos aspectos de la reforma. Esta atacó a los responsables de la Facultad de Derecho al considerar un «desaire» y «desagravio» para la organización mayoritaria en la provincia «no haber sido invitada a participar en la jornada», recalcando que «gracias a Dios en Castilla y León sí hay elecciones agrarias». Pardo cree que no contar con la UCCL se debe a una falta de conocimiento del sindicalismo agrario. La queja no fue solo ante los medios, sino ante la organización por la mañana, de tal manera que ante la ausencia de un ponente se 'invitó' al sindicato a sentarse, puesto que ocupó José Manuel de las Heras, responsables nacional.

Rechazo. Por lo que respecta a la propia PAC, desde la UCCL se reitera el rechazo a la reforma y se pide una nueva con menos burocracia y exigencias ambientales y que no suponga pérdida de ayudas. 

Por su parte, Fernando Miranda, defendió la reforma asegurando que «los cambios siempre generan resistencia», y se refirió a que la burocracia no debe suponer un problema en un tiempo de digitalización, y cree que cada agricultor debe solo ceñirse a su situación y a lo que él necesita. En cuanto a las ayudas, tranquilizó al sector en el sentido de que no saldrán perjudicados y recordó que la reforma pone «las bases sólidas para ser competitivos los próximos 10 años».