El colapso y sabotaje que ha sufrido el paso fronterizo de la AP-7 entre España y Francia de La Junquera, en el Alto Ampurdán (Girona), está dejando graves consecuencias en el sector del transporte, y los profesionales burgaleses no son ajenos a ello.Los denominados Comités de Defensa de la República (CDR), unidos a la labor que se coordina desde la plataforma Tsunami Democràtic, cortaron desde el pasado domingo hasta este jueves la autopista, que comunica los dos países, y por la que cada día suelen cruzar cerca de 10.000 camiones. Durante esos largos cinco días, cerca de 20.000 vehículos pesados de todo el territorio nacional han estado retenidos, sin posibilidad de avanzar, ante las protestas de los manifestantes, lo que ha generado pérdidas millonarias a las empresas y a las fábricas o lugares de recepción de las mercancías.
Según la Asociación Burgalesa de Transportistas (Asebutra), han sido 150 los camioneros de la provincia que se han visto implicados en los cortes, que han tenido un coste diario de 600 euros por cada vehículo parado. Esto supone unas pérdidas de 90.000 euros cada 24 horas, lo que eleva el daño económico generado hasta los 450.000 euros, casi medio millón en apenas cinco días. Las cifras van en consonancia con los datos aportados desde la Federación de Empresas de Transporte por Carretera de Castilla y León (Fetrarcal), mientras que la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) calcula el percance en 15 millones de euros.
«Esto se tiene que acabar de alguna manera, un país no puede estar supeditado a que vayan cien personas a un paso fronterizo y hagan lo que les de la gana mientras la Policía se queda mirando.Llega un momento en el que nadie puede coartarte tus derechos, y menos a una cosa tan sagrada como es el trabajo.Están jugando con el pan de muchas familias», denuncia el presidente de Asebutra, José Luis Olivella, que alaba el temple de los camioneros burgaleses afectados. «Nuestro personal se ha portado correctamente, no tenemos constancia de ningún incidente grave. Es muy difícil aguantar toda esa tensión dentro del camión cuando te están acosando muchas personas, metiéndose contigo e insultándote», explica Olivella, que califica como «limite» la situación vivida durante las últimas cinco jornadas.
Muchas de las compañías burgalesas, ante las noticias que llegaban desde el paso fronterizo, decidieron evitar la ruta, bien a través de la Junquera y desviándose por Irún, o bien tratando de retrasar los pedidos que tenían comprometidos con el país vecino.
El lunes 11 de noviembre fue festivo en Francia, que celebró el final de la I Guerra Mundial. Las protestas y cierre de la frontera se había iniciado el domingo, por lo que las factorías galas no tuvieron mucha prisa por recibir mercancías. El problema llegó el martes, cuando la producción volvió a su marcha habitual, cuando la gendarmería francesa tuvo que actuar para sofocar a los manifestantes, que se negaban a abandonar la autopista. Visto el panorama, las empresas logísticas burgalesas evitaron mandar por carretera productos perecederos, siendo la carga de los remolques eminentemente material de automoción. «Algunos eran urgentes, que han llegado tarde a las fábricas, interrumpiendo los procesos de producción, lo que ha derivado en penalizaciones a los transportistas», indica Olivella. El presidente de Asebutra, además, anuncia que se encuentran realizando una evaluación a nivel nacional para exigir alEstado «una reclamación patrimonial por impedir la circulación normal de los vehículos en una carretera, algo que consideramos delito y por lo que debería pagar alguien, aunque tenemos pocas esperanzas», concluye.