Al primer tramo de la autovía A-12, el que debía conectar Burgos con Ibeas de Juarros, le esperan varios años más de retraso que se suman a su vergonzosa demora de las últimas décadas. Es imposible concretar cuántos, pero pueden ser dos o tres en el mejor de los casos y cinco o más según los cálculos más pesimistas. Porque la resolución del contrato entre el Gobierno y las empresas que resultaron adjudicatarias hace tres años abren un proceso largo, complicado y lleno de incógnitas.

La semana pasada conocimos que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana había iniciado los trámites para romper el vínculo con la UTE formada por Joca y Ocide, quienes comenzaron tímidamente unos trabajos de movimiento a finales de 2017 pero rápidamente los pararon. Tres años ha tardado el antiguo Fomento en darse cuenta de que esa obra no iba a ninguna parte por discrepancias técnicas y económicas con quienes ganaron el concurso público, y ahora por fin se decide a dar el paso de la ruptura, decisión difícil y llena de incertidumbres a futuro.

Porque ahora nadie es capaz de explicar qué pasará ni cuánto tardará. Este periódico ha solicitado al Ministerio explicaciones sobre los pasos y los plazos que habrán de darse, y la respuesta ofrecida es absolutamente desalentadora para los intereses de Burgos. Admiten que "el proceso de resolución del contrato está aún en su fase inicial y será dilatado en el tiempo", lo que en lenguaje llano y conociendo los tiempos de las grandes infraestructuras nos remite a varios años. Y además, apuntan que "una vez finalizado el mismo, se deben valorar las opciones técnicas y económicas para dar continuidad a la actuación".

Es decir, que aún no está definido en qué medida valdrá el proyecto con el que se adjudicó la obra hace cuatro años, si habrá simplemente que retocarlo o si tendrá que ser modificado en profundidad. De ello dependerá la duración del inevitable retraso.

El origen del problema de este primer tramo de la A-12 reside en las condiciones de su adjudicación. Fue presupuestado por los técnicos de Fomento en 80 millones, pero fue adjudicado de manera sorprendente por solo 45 en un momento en que las grandes constructoras del país estaban sin trabajo tras varios años de recortes en las obras públicas y, literalmente, tiraban los precios por los suelos.

La baja no pudo ser considerada oficialmente como temeraria, pues esto depende del importe del resto de las aspirantes, pero en realidad lo fue y así se temió desde un principio. Tanto que a las pocas semanas de iniciarse los trabajos la adjudicataria se dio cuenta de que era imposible cumplir con su precio a la vista del ingente movimiento de tierras necesario para levantar el enorme terraplén sobre el que está diseñado este tramo, que discurre prácticamente paralelo a la N-120 y pegado a la base militar Cid Campeador.

Durante todo este tiempo, en teoría, el Ministerio y la UTE adjudicataria han estado negociando un modificado que, a la postre, no ha sido posible. Ahora, según explican fuentes conocedoras del proyecto, "podemos estar ante un proceso relativamente sencillo o que se demore durante años, sobre todo si se judicializa, así que puede acabar siendo un problema grave".

Una de las cuestiones que en su día se debatieron es si la liberalización de la AP-1 y la consiguiente supresión del peaje de Castañares podría permitir un entronque más sencillo de la A-12 en la circunvalación, algo que habrá que resolver en el futuro proyecto modificado.

La redacción de estos cambios podría externalizarse o, como apuntan las mismas fuentes, "si se trata de algún cambio más sencillo el propio Ministerio lo encarga a la empresa pública Ineco, que suele ser más rápido".

Sea como fuere, hablamos siempre de un proceso de varios años. El Gobierno tendrá que decidir cómo resuelve este problema mayúsculo que se le presenta en uno de los tramos más importantes de la Autovía del Camino, pues evitaba el paso por la urbanización de Los Tomillares y daba la seguridad de la que ahora carece a los cruces de San Medel o San Millán de Juarros.

¿Traspaso de partidas?. Podría, por ejemplo, destinar el dinero reservado y que ya no se va a poder emplear en esta parte de la A-12 (4,5 millones de euros según los últimos Presupuestos Generales del Estado) para agilizar los otros tramos pendientes, con el puerto de La Pedraja o la travesía de Villafranca Montes de Oca como principales puntos negros y para los que había reservado cantidades ridículas de unos pocos miles de euros.

De momento el único tramo en obras seguirá siendo el Santo Domingo de la Calzada-Villamayor de los Montes, justo en el límite con La Rioja y que supondrán los primeros kilómetros de esta autovía en la provincia de Burgos, pues hay que recordar que la vieja provincia de Logroño ya disfruta de todo el resto del trayecto ejecutado desde hace años. Hubo una decisión política de comenzar la A-12 por el extremo de Logroño en lugar de por el de Burgos, y las consecuencias se están pagando muy caras.

Otra derivada será comprobar qué ocurre a partir de este momento con los expropiados que habían solicitado en el juzgado que les fueran devueltos sus terrenos, a la vista de la paralización de las obras. Si ahora encima se alargan más en el tiempo, o el proyecto se modifica, también habrá consecuencias en este sentido. Otro dolor de cabeza para el Gobierno y otro motivo de sufrimiento para el progreso de la provincia.