El Congreso de los Diputados debate estos días una modificación legislativa que pretende perseguir la prostitución hasta abolirla. El proyecto que defiende el Gobierno castigaría a todos aquellos que favorecieran la explotación sexual de mujeres, a los que alquilen de pisos para este motivo -aunque la víctima declarase que lo hace voluntariamente- e incluso a los consumidores. La realidad es que el sexo por dinero está muy arraigado en la sociedad. Tanto, que pese a que la Policía Nacional persigue con ahínco la trata de seres humanos y el proxenetismo, estos delitos tratan de ocultarse en lugares clandestinos. El declive de los clubes ha dado paso a un repunte de los pisos. Pero las quejas vecinales ponen a estos 'negocios' en el foco de los investigadores, por lo que, al menos en la capital burgalesa, algunos han optado por mudarse a viviendas unifamiliares. Y cada vez hay más.

La Brigada de Extranjería de la Comisaría Provincial realiza un seguimiento periódico de los pisos donde tienen sospechas de que se practica la prostitución. La colaboración de los vecinos y, en ocasiones más contadas, de las víctimas de trata son claves para poder investigar la actividad de estos lugares. Las quejas por ruidos, por el trajín en las escaleras comunitarias o incluso por las confusiones de los 'puteros' a la hora de llamar a los telefonillos son el detonante para que muchos de estos clubes de alterne camuflados salgan a la luz.

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