Los diez bancos de alimentos de Castilla y León pasarán de atender a los 60.000 beneficiarios del año pasado a las entre 85.000 y 90.000 personas para el reparto ordinario de comida a lo largo de 2020, ya sea a las propias familias o bien a través de albergues o centros de atención a colectivos con escasos recursos, a consecuencia de la crisis de la covid-19. Un incremento que supone un 50% más que el pasado año, según explicó ayer la directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad, Esperanza Vázquez, que aseguró que desde la declaración del estado de alarma, la demanda de alimentos se ha incrementado entre un 7 y 10%. Un aumento que ha motivado, precisó, que la Junta haya decidido mejorar la financiación del mantenimiento de estas entidades un 19%, hasta los 190.000 euros, ya que la entrega de alimentos se realiza a través del Ministerio.
En su comparecencia en las Cortes en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades, Vázquez apuntó que el deseo de todos es que esta situación sea «coyuntural», aunque aseguró que la Junta estará a la expectativa para ver las consecuencias sociales «reales», provocadas por la pandemia. No en vano, alertó de que pueden ser «muchas». De ahí que reclamara, según informa Ical, que nadie «baje la guardia» ante lo que puede deparar el futuro, después de comprobar la repercusión «preocupante» de la crisis sanitaria en la sociedad en menos de tres menos, que ha incidido en las familias más vulnerables que han pedido ayudar para su «subsistencia». «Debemos estar preparados y trabajar coordinadamente para dar la mejor respuesta social a las personas y familias más vulnerables en Castilla y León», incidió.
Esperanza Vázquez subrayó que la Junta cuenta con la Red de Protección a las Familias, un modelo creado hace dos años por ley, para proteger y atender a las personas más vulnerables de la Comunidad. En este sentido, valoró la labor de la Red durante la pandemia, gracias a la buena colaboración entre la Junta, las entidades locales y las entidades del tercer sector. «Han dado lo mejor de sí mismas y han sido capaces, en estos momentos tan complejos y en estas circunstancias tan adversas, de dar una respuesta lo más rápida posible demostrando seriedad, rigurosidad, solidez, implicación, compromiso y solidaridad», subrayó.
Además, se refirió al repunte de perceptores de renta garantizada de ciudadanía en la pandemia, ya que desde marzo hay 499 hogares nuevo, lo que ha supuesto un incremento de la cuantía de la nómina de 490.000 euros. Por lo tanto, la renta beneficia, en la actualidad, a más de 9.600 familias y 22.600 beneficiarios.
Oposición
Los grupos de la oposición como el Partido Socialista y Mixto, representado por Podemos, criticaron la gestión de la Junta en los Servicios Sociales durante la pandemia por ser un sistema que funciona gracias al tercer sector, las corporaciones locales y los voluntarios, además de beneficiarse de la financiación que ha llegado del Gobierno central. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión, María del Carmen García, recordó que la Comunidad cuenta con 17 millones, derivados del Estado y otros 1,7 millones para becas de comedor pero se desconoce el presupuesto de la Junta. Lamentó que la directora general de Familias se congratule con la existencia de 160.000 pobres y 11.000 niños en riesgo de vulnerabilidad.
En la misma línea, se pronunció Laura Domínguez, de Podemos en representación del Grupo Mixto, al advertir que los Servicios Sociales y el reparto de alimentos en la Comunidad no se puede basar en los voluntarios. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Ángel García Nieto, se felicitó porque la Comunidad cuente con una «excelente» Red de Atención a las Familias. Por su parte, María Teresa Gago, de Cs, valoró las medidas «excepcionales» tomadas por la Junta para hacer frente la situación.