El Ayuntamiento de Burgos ya se puede ir preparando para, en el mejor de los casos, recibir un tirón de orejas y un apercibimiento de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por no haberse adaptado aún a la nueva Ley de Protección de Datos que entró en vigor hace ya dos años, de la que se sabía de los cambios que se iban a introducir desde hace 4 (con un reglamento de la Unión Europea), y cuyo cumplimiento ha sido ignorado, al menos en parte, por el Consistorio burgalés.
Así al menos lo constata el hecho de que el Ayuntamiento, pese a que así se lo exige la ley, no cuente con el delegado de Protección de Datos al que le obliga la Ley. Pero tampoco hace falta conocer en detalle qué es lo que exige una normativa a la que todo el sector privado se tuvo que adaptar en 2016 para evitar multas millonarias y que, sin ir más lejos, hizo que las empresas tuvieran que comunicarse con los ciudadanos de otra manera y con el objetivo de proteger su privacidad.
En la web del Ayuntamiento de Burgos es visible el desfase. Es suficiente con pinchar en el enlace de contacto, que permite realizar consultas con el 010, para leer en la letra pequeña que los datos del ciudadano serán tratados conforme a lo que se determina en la Ley de 1999 (ya superada por la de 2018). Es decir, no se comunica la información que desde hace 2 años se está obligado a aportar al interesado. Pero es que además es preceptivo publicar un inventario en el portal de transparencia de todos los tratamientos que se hacen de los datos. Sí hay un enlace, por el contrario, a la nueva norma desde el portal de tributo que hace referencia a la última ley .
Ante esta situación, el Grupo Municipal de Podemos ha decidido presentar una reclamación ante la AEPD tras constatar que el Consistorio incumple varios de estos preceptos. Su portavoz, Margarita Arroyo, mira hace el anterior Ejecutivo para afirmar que esta situación es «otra prueba de cómo ha dejado el PP el Ayuntamiento. Una más de tantas». Porque, a su juicio, «tuvieron dos años para nombrar un delegado» y no lo hicieron. Disculpa, sin embargo al PSOE, ya que entiende que fue en 2018 cuando se debió de trabajar en ello y ahora esta cuestión no se ha presentado en su agenda.
La AEPD ya se ha pronunciado con una situación similar con el Ayuntamiento de Sevilla, al que por no contar con delegado puso como sanción un «apercibimiento» y le dio un mes de plazo para tomar las medidas necesarias para «actualizar su política de privacidad».