La ciberdelincuencia se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Guardia Civil ha creado recientemente los equipos Arroba, pero desde hace unos años ya contaba con grupos punteros que luchaban contra la criminalidad en la red. El de la Comandancia de Burgos funcionaba como la seda. Prueba de ello es la operación 'Caveirao', que en 2017 desarticuló un grupo criminal que creó varias páginas webs piratas en las que ofertaba artículos electrónicos de todo tipo. Los clientes los solicitaban, pagaban y después no les llegaba nada. La Audiencia Nacional acaba de condenar a sus seis integrantes a cuatro años de cárcel por pertenencia a grupo criminal y por delito continuado de estafa, según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico. Más de 300 personas de toda España cayeron en su trampa.
La banda se dedicaba de forma estructurada y concertada a ofertar productos electrónicos -principalmente cámaras, televisores y robots de limpieza- a precios inferiores a los de mercado, para lo cual pusieron en marcha un total de 14 páginas webs donde anunciaban los artículos.
La mecánica que empleaba el grupo organizado constaba de varias fases. En la primera creaban una empresa para dar credibilidad a las páginas de internet en las que vendían los productos. En la segunda, abrían cuentas bancarias, hasta un total de 18, en distintas entidades para asegurarse el cobro de los artículos. La tercera consistía en la apertura de las páginas webs con precios inferiores a los de mercado, con la intención de atraer a más clientes. En la cuarta, agregaban cuentas de Facebook y Twitter asociadas a cada una de las webs, desde las que promocionaban los efectos. Después, en un quinto nivel, los clientes pedían aquello que deseaban, lo pagaban y no se lo dispensaban. Tras saberse engañados, los ciudadanos contactaban con las empresas, que les daban largas y excusas, a fin de ganar tiempo y obtener mayores beneficios de otras víctimas.
Muchos de ellos, 328 en concreto, denunciaron los hechos y algunos llegaron a cancelar los pedidos y a solicitar la devolución del importe, si bien el dinero reembolsado «fue simbólico», según señala el fallo judicial. Y es que los acusados retiraban el dinero de las cuentas de forma inmediata, nada más que los clientes engañados hacían los abonos por los productos que pensaban que les iban a entregar y nunca llegaban.