La pasada temporada cinegética se abatieron en la provincia 7.968 jabalíes y 8.560 corzos. Pese a ello, el número de accidentes de tráfico en los que estuvo implicada la fauna salvaje siguió en aumento y ubicó a Burgos como una de las provincias más peligrosas de España en este ámbito. Los jabalíes fueron protagonistas en 398 siniestros y los pequeños cérvidos alcanzaron los 1.659, según los registros de la Dirección General de Tráfico. Este año, después de casi tres meses sin actividad humana en el campo y apenas movimiento de coches en las carreteras, el riesgo es mucho mayor, especialmente en el aluvión de desplazamientos de vehículos que se esperan para los próximos meses de verano.

La advertencia viene de los cazadores, que llevan dos meses y medio con las escopetas en el armero y que han visto como buena parte de la temporada de caza mayor ha quedado reducida a casi nada. La crisis del coronavirus, explica el presidente de la Federación Regional de Caza, el burgalés Santiago Iturmendi, ha obligado a la cancelación de una buena parte de las batidas de jabalí y todos los permisos de rececho del corzo, actividades que permiten descastar estas especies y evitan que su expansión sea insostenible con el tráfico en las carreteras, la conservación de sembrados o la propia salud de estas especies animales.

"Espero que la falta se actividad cinegética no se vea reflejada en los accidentes de carretera. Vamos a tener bastantes más jabalíes y corzos de los que deberíamos".

La prohibición de cazar ha llevado a ver imágenes poco usuales en el comportamiento de la fauna salvaje, como las de los corzos corriendo por las calles de las ciudades o los jabalíes hozando en los parques urbanos.

Es más, en julio entrarán los corzos en temporada de celo, lo que incentiva su movilidad y, por extensión, el riesgo para el tráfico rodado de vehículos.

Pérdidas. Con la progresiva implantación de la fase 1 ha sido posible cazar y pescar en la provincia en todas sus modalidades "siempre que se respete la distancia de seguridad y las medidas de higiene y prevención fijadas por las autoridades sanitarias", según determinó la orden recogida en el BOE del pasado sábado 23 de mayo.

En concreto, la normativa precisa que cuando no sea posible mantener las distancias será obligatorio el uso de mascarilla. Asimismo, no se compartirán utensilios de caza o pesca, ni utillaje de comida o bebida; se deberá limpiar y desinfectar el vestuario después de su uso de acuerdo con las medidas de higiene y lavado recomendadas; y se deberán limpiar y desinfectar los utensilios de caza y pesca utilizados.

En el caso de Burgos, hay un matiz importante a añadir: la caza no recuperará su total normalidad hasta que no se permita la movilidad entre provincias, algo que, como pronto, se espera para finales de junio si las circunstancias sanitarias así lo permiten.

La limitación de desplazamientos deja fuera de Burgos a una gran cantidad de cazadores habituales que proceden de las comunidades de Madrid, País Vasco y Cantabria, principalmente.

"La paralización de la caza ha supuesto una gran cantidad de pérdidas para los cazadores y también para el mundo rural que vive de esta práctica".

El presidente de la Federación se muestra crítico con la decisión el Gobierno de no permitir la actividad cinegética y de pesca cuando sí se han autorizado otros deportes al aire libre en momentos de confinamiento en los hogares. "Hemos sufrido un trato absolutamente discriminatorio hacia la caza, olvidando esa labor que hace de control de los daños en la agricultura. Es un deporte que se practica de manera individual, sin contacto con otras personas y en plena naturaleza. No habría habido ningún problema en empezar bastante antes".

Reclamación. La Federación Regional ha presentado una reclamación a la Junta de Castilla y León (en carta enviada al presidente regional y al consejero de Medio Ambiente) pidiendo que se tengan en cuenta los gastos en tasas y precintos que no se han podido disfrutar por la situación de alarma. Piden que la situación creada esta temporada sea compensada en la próxima.

La Junta sí ha tenido en cuenta esta situación en el caso de los pescadores, que pueden solicitar la devolución del importe abonado por los permisos de pesca correspondientes a las fechas de vigencia del estado de alarma. El plazo para solicitar esta devolución de lo pagado es de tres meses desde la finalización de la vigencia del Real Decreto 463/2020, del 14 de marzo.

Iturmendi no espera grandes sorpresas para la media veda, que arranca a mediados de agosto. "La tranquilidad nunca es mala para las especies y para su cría pero hemos visto que todos, también los animales, han vivido una situación anormal estas últimas semanas.