El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento amenazó con acudir a los tribunales si el equipo de Gobierno rechazaba su recurso de revisión del procedimiento que ha servido para adjudicar a la empresa Etralux el contrato para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que implica un desembolso de 3,5 millones y así lo ha hecho. 

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 tramita el recurso interpuesto por la portavoz de los populares, Carolina Blasco, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 25 de agosto por el que se adjudicó el contrato de la instalación de los elementos que regularán el tráfico en el Burgos Central cuando se excedan determinados límites de contaminación. El órgano judicial ya ha requerido al Ayuntamiento con fecha 8 de noviembre que le remita el expediente. El concejal de Hacienda y Contratación, David Jurado, confirmó que se remitirá toda la documentación que se les ha requerido. 

Por el momento, no ha habido pronunciamiento sobre las medidas cautelares que reclamó el Partido Popular de suspensión de la adjudicación y solo se ha limitado a reclamar la documentación para su estudio. De hecho, la empresa adjudicataria ya ha firmado el contrato y se espera que próximamente se inicie la colocación de los elementos. 

El PP decidió dar este paso después de que la Junta de Gobierno Local aprobara el Plan de Seguridad y Salud sin la existencia del perceptivo estudio previo en el que se debe basar Etralux para presentar el documento en el que se establecen las medidas a adoptar para la protección de los trabajadores en el desarrollo de las obras. «Es una irregularidad más en toda la tramitación de este expediente», señaló hace un mes, al tiempo que anunció que pondría en conocimiento de la Inspección de Trabajo esta situación así como también del Ministerio de Transportes dado que ha concedido fondos europeos para la iniciativa por 2,6 millones.

El equipo de Gobierno defiende que siempre se han seguido criterios técnicos en el procedimiento.