El plan de inversiones sociales prioritarias movilizó el pasado año 163 millones de euros con el objetivo de reducir los impactos negativos asociados a la pandemia, de los que el setenta por ciento fueron acaparados por sanidad. Esta cuantía supone el 87,21 por ciento del total programado para el ejercicio por este plan con vigencia hasta 2025 que fue aprobado para apoyar la prestación de los grandes servicios públicos en la Comunidad tras las tensiones provocadas por la covid-19 en Castilla y León. El portavoz y consejero de Economía en funciones, Carlos Fernández Carriedo, detalló ayer que la Consejería había comunicado al Consejo de Gobierno los datos del informe de evaluación de este programa, cuyas actuaciones se priorizaron en las áreas de sanidad, educación y servicios sociales.
Tal y como detalló, el plan de inversiones sociales prioritarias «tiene como objetivos la reducción del impacto de la crisis causada por la covid-19, apoyar el bienestar público y la solidez económica de la Comunidad a largo plazo y garantizar el acceso de toda la población a servicios como la educación, la salud y la atención específica de colectivos en situación de riesgo de exclusión social».
No obstante, no dudó en reconocer que a lo largo del pasado ejercicio se detectaron dificultades desde el Gobierno autonómico para la efectiva ejecución de gran parte de las actuaciones previstas, como consecuencia de retrasos en las obras derivados de la escasez de suministros, la falta de mano de obra y la incidencia que la covid-19 ha supuesto en el desarrollo de algunas actuaciones.
Gasto por áreas
Fernández Carriedo también explicó que en el área de Sanidad, se ejecutaron 111,4 millones de euros (un 87,31 por ciento respecto de lo programado), lo que supuso el setenta por ciento del total movilizado en 2021, según informa la Agencia Ical. Unos fondos que se destinaron a actuaciones de conservación, reformas y equipamientos en centros de salud y hospitales, así como para mejorar las infraestructuras soporte de las tecnologías de la información y la comunicación.
Por su parte, en Educación se invirtieron el 25 por ciento del total, unos 42,1 millones de euros (un 88,86 por ciento de lo programado), para obras nuevas y ampliaciones en distintos centros educativos de Castilla y León, así como para actuaciones de reparación, mantenimiento y sustitución, además de en equipamientos para formación profesional. «Asimismo, se acometieron obras de mantenimiento y rehabilitación de infraestructuras y equipamiento de las universidades públicas», añadió el portavoz autonómico.
Por último, en lo que se refiere al área de Familia e Igualdad de Oportunidades, la cantidad ejecutada en 2021 ascendió a 9,5 millones de euros, lo que supone un 79,59 por ciento respecto de lo previsto en el Plan y algo menos del seis por ciento de los 163 millones totales.
Según el Ejecutivo autonómico, esta inversión sirvió para llevar a cabo actuaciones en centros de personas mayores, centros de personas con discapacidad, centros de menores e instalaciones juveniles, al objeto de mejorar la vida de sus usuarios.