El gigante Aqualia, la empresa que entre 2017 y 2022 se hizo cargo de la gestión de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), no parece estar dispuesto a dar por perdida la batalla judicial emprendida con Aguas de Burgos y ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial para exigir daños y perjuicios por valor de tres millones de euros que, a su juicio, le ocasionó la prestación de este servicio.

En el recurso presentado por la anterior adjudicataria del contrato, la compañía denuncia «la falta de entrega por parte de Aguas de Burgos de las instalaciones de la EDAR en las condiciones y con las características que establecía el pliego de prescripciones técnicas», así como «la negativa» de la sociedad municipal «de efectuar, por sí o por terceros, la reparación de las anomalías detectadas en las referidas instalaciones» tras una auditoría realizada por FCC en la que se detectaron numerosas deficiencias. Unos fallos en la infraestructura que hicieron que se disparan algunos costes (el consumo de energía, de agua, de polielectrolito, por la falta de funcionamiento de la hidrólisis térmica...).

Aqualia asegura en su recurso que la sentencia dictada en su día por el Juzgado de Instrucción Número 8 de Burgos «interpreta erróneamente, de forma ilógica e irracional» los documentos contractuales entre las partes. 

En el fallo se venía a afirmar que la empresa debía de ser conocedora de que una instalación nueva como la depuradora (acaba de ampliarse) podía no operar a la perfección desde el primer día y descargaba en su responsabilidad, por ejemplo, que había tenido la oportunidad de visitar las instalaciones durante el proceso de licitación para conocer su estado.

La empresa defiende que lo que hicieron las partes fue «pactar, antes de dar conformidad a las instalaciones, que se hiciera una auditoria para comprobar que las mismas se correspondían con lo pactado» y «en caso de no ser así», se entendía «incumplida la primera obligación de puesta a disposición de las mismas» y se acordaba que «Aguas efectuaría, por sí o por terceros, la reparación de las anomalías que se detectaran en las instalaciones».

Recuerda Aqualia que «las instalaciones no pudieron ser visitadas ni inspeccionadas hasta después del inicio de la prestación del servicio ya que las obras de la EDAR estaban inacabadas y no fueron recepcionadas por Aguas hasta el 29 de septiembre de 2017» y el contrato arrancó un día después.

Aguas, por su parte, ha defendido en todo momento que todos esos costes extras no son imputables a la sociedad municipal sino a la gestión que realizó Aqualia por el precio que ella misma ofertó en el proceso de licitación.