El número de rupturas matrimoniales en el primer trimestre del año bajó en Castilla y León un 12,1 por ciento respecto al mismo periodo de 2019, al pasar de las 1.166 de doce meses atrás a las 1.025 registradas al término del primer trimestre, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta el 14 de marzo y no hasta el día 31, debido a la crisis sanitaria del COVID-19, recogidos por Ical.
Con estos datos, Castilla y León registra la tasa de rupturas más baja de todo el país con 4,6 demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes, seguida de cerca por País Vasco, 4,9; Madrid, 5,1; Navarra, 5,2; y Aragón, 5,3. A la contra se localizan las Islas Baleares con 6,6; Comunidad Valenciana con 6,5; La Rioja con 6,2; Andalucía y Cantabria, 5,9; y Asturias, Cataluña y Murcia, que concentran un 5,8.
En la Comunidad, se registraron entre enero y marzo de este año, según la información recabada por la Agencia Ical, 981 divorcios, de los cuales 597 fueron consensuados y 384 no consensuados. Además, se contabilizaron 44 separaciones, de las cuales 36 fueron por mutuo acuerdo y ocho no consensuadas. En este periodo no se contabilizó ninguna nulidad.
España
A nivel nacional, en el primer trimestre de 2020 el número de demandas de disoluciones matrimoniales, de todo tipo, se redujeron en un 18,5 por ciento, respecto al mismo trimestre de 2019. Este dato, incluido en el informe elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, pone de manifiesto la estabilidad de una tendencia a la baja que se mantiene desde los últimos años.
En ese sentido, las 13.690 demandas de divorcio consensuado son un 16,6 por ciento menos que las presentadas en el primer trimestre de 2019 y las 9.290 demandas de divorcio no consensuado son un 20,4 por ciento menos. Por lo que respecta a las demandas de separación, las consensuadas, de las que se han presentado 660, han disminuido un 26,7 por ciento respecto al mismo trimestre del año pasado, y las 335 no consensuadas representan un 23 por ciento menos que las presentadas el año anterior.