Es un fenómeno imparable que solo la pandemia logró sujetar. Después del espejismo que supuso el año 2020, cuando el mercado laboral frenó de manera brusca por culpa de la crisis sanitaria, la movilidad laboral ha vuelto a la senda de los últimos años y eso en la provincia de Burgos significa una dolorosa sangría. Solo en el pasado ejercicio el saldo negativo entre los trabajadores que entran y los que salen rozó los 9.000 contratos. A lo largo de la última década, el acumulado supera los 71.000.

Es el balance del Observatorio de las Ocupaciones que elabora el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) y que analiza la movilidad interprovincial en la contratación. No habla, por tanto, de pérdidas  o ganancias demográficas, pues buena parte de los que se van a trabajar fuera acaban regresando o finalizan rápidamente sus contratos temporales, sino de desplazamientos obligados para ganarse el pan. La estadística se basa en la provincia de residencia de quien se emplea en otro territorio distinto, y ahí los burgaleses llevan muchos años perdiendo.

El análisis elaborado por este periódico a lo largo de la última década refleja que, entre 2012 y 2021 (ambos incluidos) cada año ha habido un resultado negativo si comparamos los residentes en Burgos que salen a trabajar fuera respecto a los empadronados en otras provincias que vienen a trabajar a las tierras del Cid.

El menos malo de todos ellos fue, precisamente, el del arranque de la serie decenal. En 2012 el balance del éxodo laboral fue de menos de 3.000 contratos, una tendencia que fue creciendo a lo largo de los ejercicios siguientes hasta superar las barreras simbólicas de los 5.000, los 7.000, los 9.000 y hasta los 10.000, un dato que se alcanzó en 2019. Parece evidente que a medida que la economía se recuperaba de la gran crisis financiera de 2008 la movilidad laboral iba siendo mayor y esto iba en perjuicio de la provincia burgalesa. Hasta que llegó el coronavirus.

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