La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha decidido rechazar la petición de la empresa Semat para la «suspensión inmediata» del acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en el que se adjudicaba a Urbaser el contrato de recogida de residuos y limpieza viaria. Lo ha hecho al afirmar que no se dan las causas para aplicar medidas cautelares por lo que el Consistorio tiene vía libre para proceder a la firma del contrato.
En el auto del TSJ, que no entra en el fondo del asunto sino que se centra en las medidas cautelares, se deslizan tanto acusaciones de Semat como del Ayuntamiento. Y no precisamente menores.
Mientras Semat habla de «graves irregularidades que se cometen en el presente expediente, con un supuesto licitador con vínculos muy directos con uno de los miembros del órgano de adjudicación» (la Junta de Gobierno), el Ayuntamiento, por su parte, defiende que la empresa el «único interés» que persigue «no es legítimo» ya que lo que pretende, a través de los reiterados recursos presentados, es «perpetuarse indebidamente como prestataria del servicio de recogida de residuos sin contrato».
Lo que viene a decir el Ayuntamiento es que Semat, a sabiendas de que va a tener que entregar el testigo del contrato a Urbaser después de prestar el servicio en la capital burgalesa durante más de 40 años, lo que pretende es dilatar el procedimiento de adjudicación para continuar facturando el máximo tiempo posible.
No parece que en el Consistorio capitalino esté gustando la manera de proceder de Semat ya que en su defensa no se ahorra hablar que el escrito de la empresa ante el juzgado «destila» una cierta «complacencia» al calificar el servicio que desarrolla como de «alta calidad».
Frente a este tipo de expresiones, que evidencian que la relación entre las partes se ha visto seriamente deteriorada, Semat en su argumentario se sirvió de un acuerdo de la Junta de Gobierno del 13 de enero que, en cumplimiento de una resolución del Tarcyl emitida en diciembre, interpreta que anula la adjudicación del contrato a Urbaser.
Defiende Semat que cuando la Junta de Gobierno decidió en enero excluir a uno de los licitadores (la UTE integrada por FCC-Sogesel), lo que hizo (al no dejar constancia expresa de lo contrario) fue retrotraer el procedimiento a junio de 2021. Y por tanto, la adjudicación del contrato (aprobada en octubre) carece de toda validez.
Bajo esa premisa, la empresa urgía medidas cautelares para evitar que Urbaser tomara el testigo ya que, a su juicio, se podían causar «perjuicios irreparables, no solo a la actora sino al interés público,» ya que si los tribunales terminan dándoles la razón lo más probable (si no seguro) es que Semat no tuviera ya la infraestructura para prestar un servicio de este tipo.
Los magistrados del TSJ no comparten ni el hecho de que se pudieran producir «perjuicios de imposible o difícil reparación» ya que «serían fácilmente indemnizables» y la sentencia, en el caso de ser favorable a Semat, podría ejecutarse sin problema.
Lo cierto es que Semat, al menos por el momento, no logra su objetivo de parar el proceso de adjudicación de un contrato valorado en 160 millones de euros.