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Cientos de miembros del dispositivo del 13-F siguen sin cobrar

H.J.
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Los representantes de la administración o los jueces de paz, así como una parte del personal de los ayuntamientos, llevan mes y medio esperando las retribuciones que les corresponden por norma

Presidentes y vocales de mesas recibieron su compensación hace unos días pero el resto sigue esperando. - Foto: Alberto Rodrigo

Antonio lleva siendo representante de la Administración en todas y cada una de las elecciones que ha habido desde 2007. Ha velado por el buen desarrollo de procesos en generales, locales, europeas y autonómicas. Pero nunca le había sucedido lo que le está pasando ahora: lleva más de mes y medio sin cobrar por los servicios públicos prestados.

Cientos de personas en la provincia de Burgos siguen sin percibir las cantidades que les correspondían por haber trabajado en los comicios de las Cortes del 13 de febrero, las primeras que organizaba en solitario la Junta de Castilla yLeón. Los presidentes y vocales de las mesas tardaron semanas en cobrar y ya lo han hecho, pero todavía faltan los pagos a los representantes de la administración (465 según datos de la Junta), a los jueces de paz (368) y, al menos parcialmente, al personal al servicio de los ayuntamientos, pues por ejemplo el de Burgos ha cumplimentado este  viernes la documentación que debía elaborar. Desde la Junta explican que la resolución es ya «cuestión de unos días», aunque los afectados han perdido la paciencia.

Antonio, que prefiere no dar más datos para no verse perjudicado en futuros procesos (suelen llamar a quienes han participado en elecciones anteriores), desempeñó su labor en un pueblo de la provincia y ha denunciado a este periódico que los cobros se han complicado mucho más que en otras ocasiones: «Los representantes somos los encargados, entre otras cosas, de facilitar los datos de participación o del escrutinio de la mesa, que luego la administración pasa a los medios de comunicación. Cuando empecé en 2007 con esta labor yo era el responsable de pagar a los miembros de las mesas electorales (presidente y vocales», relata. 

Prosigue explicando que «iba a Burgos dos o tres semanas antes de la convocatoria electoral, nos entregaban la documentación para las elecciones y un cheque que debía ir a cobrar a la antigua Caja de Burgos con el fin de pagar en metálico a los miembros de las mesas el mismo día de las elecciones. Cuando devolvía la documentación a la Subdelegación con la copia de las actas de escrutinio me entregan un cheque como pago por mi labor ese día. Por tanto, antes, los miembros de las mesas cobraban en efectivo y yo, como representante, cobraba lo que tardara después en hacer efectivo el cheque que me daban». Eso cuando los abonos se hacían a la vieja usanza. Es decir en metálico.

Por transferencia. Su relato prosigue contando que «no recuerdo la fecha exacta, pero diría que desde las elecciones de 2019 se paga a través de transferencia bancaria. Se nos entrega a los representantes un documento que debemos facilitar a los miembros de la mesa una vez constituida, para que lo cumplimenten con sus números de cuenta y les puedan hacer el pago. Toda esa documentación se entregó la noche del 13 de febrero en la sede de la Junta de la Plaza de Bilbao en Burgos. A día 30 de marzo, seguimos sin cobrar. Nunca se había tardado tanto tiempo. Normalmente era cuestión de una semana, quince días a lo sumo, exagerando. Llevamos mes y medio».

Según las instrucciones económico administrativas de la Dirección General de Administración Local, los representantes de la administración en los colegios tienen derecho a cobrar 190 euros , los jueces de paz 64,35 y el personal de los ayuntamientos que contribuye poniendo y quitando mesas, en el sorteo o en la propia apertura de los colegios tienen derecho a 43,17 por cada una de las mesas constituidas, con un máximo de 120.

Aparte quedan los secretarios de los ayuntamientos (entre 777 y 949 dependiendo del tamaño del municipio) o los agentes de la Policía Local que  trabajasen ese día (152,59), cuyos pagos dependen de los ayuntamientos aunque estos últimos tienen también que completar trámites ante la Junta de Castilla y León. 

También tienen reconocidos emolumentos los presidentes, vicepresidentes, vocales y secretarios de la Junta Electoral Autonómica, la Provincial y también las de Zona. Estos últimos, por ejemplo, contemplan casi 2.600 euros para los presidentes, 2.400 para los secretarios, poco más de 1.000 para los vocales judiciales y algo más de 600 para los vocales no judiciales. Ninguno de ellos cobrará hasta después del 25 de mayo porque su labor no termina hasta 100 días después de la convocatoria electoral para esperar al periodo de presentación de reclamaciones de los resultados. Su trabajo finaliza en el momento en que queden cerradas las actas y hasta entonces, para ellos, no hay prisa.

«Muy farragoso». Sí para el resto y ahí el director general de Administración Local, Héctor Palencia, reconoce que el procedimiento está resultando «muy farragoso». Defiende, sin embargo, la labor de la Junta y de las delegaciones territoriales, «que están trabajando para hacerlo con todas las garantías legales aunque esto ralentice los tiempos. Estamos siendo muy rigurosos para evitar problemas». 

Palencia insiste en que «hay un procedimiento administrativo que no podemos acelerar por  mucho que digamos que se pague o no, los pasos para poder establecer la transferencia está establecido» y relata que, a partir de las fichas cumplimentadas a mano por cada una de las personas participantes en las elecciones, hubo que «transcribirla, luego comprobar que no están embargados o son morosos con la administración y también corroborar los IBAN de los números de cuenta y los DNI, que pueden estar equivocados. Ha habido que llamar a mucha gente que no había puesto bien sus datos, y había que respetar los pasos punto por punto». Porque además, hasta que no ha estado clarificado un colectivo entero, no se ha pagado a ninguno de sus miembros.

Empezaron por los miembros de las mesas, por ser los más numerosos. Solo en Burgos, por ejemplo, había 2.200 afectados a los que se adeudaba 150.000 euros a razón de 68,23 euros por cabeza. «Ahora estamos comprobando los representantes de la administración y los jueces de paz y el pago se efectuará en los próximos días», reitera el director general, sin mayor concreción.